Los venezolanos prefieren una solución electoral, constitucional, pacífica y democrática a la crisis y al conflicto que vivimos. Eso lo respaldan todos los estudios de manera consistente. Y es una buena noticia. Lo normal, en una democracia sana, es que esa solución electoral llegue sin sobresaltos, como parte de la natural dinámica democrática. Sin embargo, en Venezuela, desde el año pasado se cerraron las vías institucionales para la participación política de los ciudadanos.
Primero, fue la suspensión de las elecciones regionales, con el CNE otorgando una ñapa inconstitucional al período de gobernadores y diputados a los consejos legislativos. Luego, con el aborto al referéndum revocatorio presidencial, establecido en la Constitución como un derecho del pueblo, y que hubiese significado un hito importante para la superación del conflicto.
Por supuesto, las razones, en ambos casos, responden a intereses políticos. Si en 1999 la revolución encontró una institucionalidad debilitada, desde entonces la misión fue acabarla, derrumbar el aparataje estatal y confundirlo en el partidista, a la vez que se promovía un enfermizo culto a la personalidad y, de nuevo, el ensalzamiento al militarismo. La intención era clara: todo el Estado al servicio del líder… y todo el pueblo también. Así, la condición de ciudadano se transformó en la de súbdito. Así de “revolucionaria” era la cosa. En todo caso, ya para 2016 la escena de unas instituciones cooptadas por el Ejecutivo y al servicio del partido de gobierno eran parte natural del panorama político venezolano. De modo que, aunque indignó, a nadie sorprendió que el CNE eliminara las elecciones regionales y el referéndum por la sencillísima y evidente razón de que eran procesos imposibles de ganar para el PSUV y Nicolás Maduro.
Luego de un silencio ensordecedor de meses, el CNE reaparece, ambas rodillas en tierra, para validar vía express la propuesta constituyente de Maduro. Mientras el proceso de convocatoria al referéndum revocatorio estuvo lleno de obstáculos y trabas, para la constituyente madurista ni la Constitución fue impedimento. En todas las etapas del proceso hubo luz verde y paso apresurado. En todas, menos en una, el “pequeño detalle” que hace a esta constituyente nula e inconstitucional: nuevamente se le niega la voz al pueblo, al permitirle al presidente convocar directamente, usurpando la soberanía popular, a esto que a todas luces es una estafa para la concentración de poder y la evasión de los controles republicanos.
La reiterada pretensión de burlar la voluntad de los venezolanos, que pasó por el desconocimiento de la Asamblea Nacional, la oficialización de la dictadura con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia y la reiterada negativa del partido-gobierno a medirse electoralmente llevó al pueblo a la calle, donde lleva más de 100 días. Tras el cierre de las vías institucionales, la calle sirvió de espacio para la expresión popular y la resistencia. El 16 de julio, los venezolanos han sido llamados a otra tarea: la convocatoria a una gran consulta nacional, la que debió hacer el CNE. Con el prestigio de los rectores universitarios como garantes y la mirada vigilante del mundo, el próximo domingo se le dará la voz al pueblo, para que exprese, inequívocamente, lo que quiere y lo que no quiere para el futuro de la Patria.
Estas líneas se escriben dos días antes de la consulta popular del 16 de julio. Algunos las leerán antes del evento, otros después del plebiscito. En todo caso, un gran esfuerzo organizativo y político ha empujado esta iniciativa para darle la palabra a los venezolanos, a pesar de que el régimen intentó sabotearla, encarcelando incluso a sus organizadores clave.
En este esfuerzo, la MUD ha sido vital. Pero lo fundamental ha sido la tarea de ir más allá de los linderos tradicionales de la oposición, en aras de la verdadera unión nacional. Así, centenares de dirigentes de los partidos políticos de la Unidad giran el país organizando la consulta. Y lo hacen también líderes sindicales, dirigentes nacionales no domiciliados a la MUD, e incluso el chavismo disidente.
El reto, bienvenido, es el de enviar un mensaje contundente: el de la soberanía popular, el de la democracia en acción. Y ese mensaje es inequívoco: Venezuela rechaza la constituyente madurista, quiere un cambio político y exige respeto a la Constitución.
La mesa está servida. El domingo el pueblo se dará la tarea que el CNE se negó a hacer: organizado por su cuenta, con los talentos que le sobran, el domingo el pueblo decide.
Foto: AFP PHOTO / Federico Parra
Daniel Fermín 
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