Lo que en redes sociales se ha vuelto tendencia como la jornada del #16JSíSíSí es un evento inédito en la historia del país, por la organización soportada en la gente y el planteamiento de desobediencia a los poderes. Los pronósticos de alta participación en la consulta popular de este domingo van precedidos de tres meses y medio de protestas en las calles. Analistas señalan que si se cumple con lo esperado, entre 8,8 y 11 millones de personas podrían participar. Mañana el país no amanecerá con un gobierno distinto, pero sí con un mensaje para el presidente Nicolás Maduro

Son diversas las referencias de consulta en el mundo y de movimientos civiles en defensa de la democracia. Unos realizados para alcanzar la paz, para decidir si la nación permanece o no dentro de una organización internacional, para evitar o poner fin a un conflicto armado y civil, y otros para acabar con gobiernos autoritarios e iniciar el camino y la transición a la democracia.
Hoy el país hace su propio ejercicio. Uno inédito en las formas en como está planteado y por el carácter masivo que se espera de este acto. No contará con técnicos del Consejo Nacional Electoral, ni de sus rectores, tampoco del Plan República ni el visto bueno del gobierno nacional.
Esta convocatoria reside en la sociedad civil y en la Asamblea Nacional. Plebiscito, consulta, referéndum. Lo importante será el acto en sí mismo. Así lo piensa el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, Miguel Mónaco, quien resalta la posibilidad que hoy tienen los ciudadanos de manifestar su voluntad en una consulta de carácter refrendario. Dirán sí o no a tres preguntas: el rechazo y desconocimiento a la constituyente; la demanda a la Fuerza Armada Nacional para que defienda la Constitución y apoye la renovación de los Poderes Públicos; la realización de elecciones libres y transparentes y a la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional.
El eje transversal de este mecanismo permite hacer paralelismos con otros plebiscitos realizados en la región e internamente. Venezuela tuvo una experiencia el 15 de diciembre de 1957 con el convocado por el dictador Marcos Pérez Jiménez, con la intención de evitar una elección presidencial y tratar de permanecer durante cinco años más en el poder si el resultado quedaba a su favor. “En ese momento se cometió un fraude electoral y se abrió la puerta a una dictadura franca, de la Fuerza Armada como sustento de ese régimen. Eso despertó un malestar en el país que terminó con la caída de la dictadura en 1958, un mes después del plebiscito”, dice el sociólogo y profesor universitario Daniel Fermín.
31 años después ocurrió algo similar en Chile, con la diferencia de que los resultados sí acabaron con la era dictatorial de Augusto Pinochet. “Se trató de un plebiscito convocado por él mismo desde la firme creencia de que lo iba a ganar y significó una derrota estruendosa que condujo a la vía democrática y al cambio político. Fue complementado y sucedido por una intensa negociación política, apoyada y sustentada en los resultados de la consulta. Los militares terminaron dándole la espalda a Pinochet y eso tuvo que ver con que supieron leer el mensaje que dio el pueblo”, sostiene Fermín.
Ambos hechos coinciden con gobiernos autoritarios, cuyos procesos de consulta fueron iniciativas emanadas desde el poder, a diferencia de lo que hoy se realiza en Venezuela: “No se parece a los plebiscitos o consultas tradicionales, porque no es organizada desde el Estado, que es lo que ha ocurrido en otras circunstancias. Sino desde la Unidad Democrática y la sociedad civil, fundamentada en la capacidad constitucional de la Asamblea Nacional”, dice Guillermo Tell Aveledo, politólogo e historiador.
Por el contrario, en un ambiente de conflictividad política lo que hizo Nicolás Maduro fue llamar el 1° de mayo –cuando se cumplía un mes de protestas contra el régimen y en rechazo a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia– a una Asamblea Nacional Constituyente “como el único camino para la paz y el diálogo”, amenazando con desaparecer el Parlamento y sacar de su cargo a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Esto, pese a que apenas 4,9% considera que la constituyente es una solución para los problemas del país, según una encuesta de percepción ciudadana sobre la protesta, que realizó recientemente el Centro de Estudios Políticos de la UCAB.
Aún así, el CNE la avaló y en dos meses organizó el evento programado para dentro de 15 días, sin convocar previamente a un acto refrendario sobre la iniciativa como establece la Constitución. El mismo Hugo Chávez en 1999 consultó a los ciudadanos para ir a una Asamblea Nacional Constituyente, que dio origen a la carta magna de 1999, sin que eso estuviese en la Constitución de 1961. “El pueblo pudo pronunciarse sobre eso y sobre que las decisiones que allí se tomaran serían vinculantes. Tenemos una Constitución cuya convocatoria de nacimiento se consultó sin que estuviese regulado de forma expresa”, explica Mónaco. En lo sucesivo del mandato de Chávez, realizó otras dos consultas: la reforma constitucional en 2007, que perdió, y la enmienda para la reelección indefinida que logró incorporar en 2009.
Para el especialista en campañas electorales, Édgar Gutiérrez, quizá lo más parecido a la consulta de hoy, desde el punto de vista de logística y participación, sea la recolección de firmas en 2003 para el referéndum revocatorio de Chávez. En lo organizativo, las primarias de 2012 de la Unidad Democrática.
Fermín y Gutiérrez sostienen que de cumplirse los pronósticos de participación, de entre 8,8 y 11 millones de personas según distintos sondeos, quedará en evidencia la confrontación de la sociedad civil frente al Estado. “Porque se hará fuera de los canales institucionales que sirven para la consulta electoral, el desconocimiento al CNE y la postura que se reflejará en las preguntas que se votarán”, asevera Gutiérrez.

Carácter legal y vinculante

Unos especialistas reconocen la legitimidad de este evento en cuanto a que está ligado a la protesta, pero sostienen que al no estar el Poder Electoral como árbitro, las decisiones pierden el carácter vinculante. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, ha dicho que “la asamblea nacional constituyente es el proceso legalmente permitido dentro de la Constitución, cualquier otra cosa que se esté haciendo no reviste la legalidad de un proceso electoral”. Por lo que a su juicio no es vinculante ni legal.
La convocatoria se sustenta en los artículos 70 y 71 de la Constitución, donde se expone desde el punto de vista político la consulta popular como medio de participación soberana. La iniciativa puede venir desde la Asamblea Nacional o por solicitud de los mismos ciudadanos. “De allí que las decisiones sean de carácter vinculante. El punto extraordinario es que bajo una situación normal sí se acudiría al CNE, pero sabemos que se colocarían trabas o desde el poder judicial habría sentencias para su bloqueo”, señala Mónaco.
Tras esta situación extraordinaria se invoca el artículo 333 en defensa de la Constitución y así se evita su derogatoria. Mónaco precisa: “Este es un mecanismo alterno en el que actúa la sociedad civil y el Parlamento, es un ejercicio de un derecho que viene de ese artículo. Cada ciudadano se organiza para defender la Constitución con la protesta pacífica, pues la Constitución establece un ámbito excepcional en ese artícul en el que llama a los ciudadanos a establecer los mecanismos para su defensa, como lo es también esta consulta, porque lo institucional no está funcionando y se ha agotado”.
Para Mónaco se está ejerciendo un derecho constitucional con el que la sociedad podrá expresarse finalmente, luego del intento de revocatorio y la postergación de las elecciones regionales: “Es tan democrático que no se trata de desobediencia civil per se, porque se le está diciendo a los poderes del Estado que esta es la voluntad constitucional y que debe ser acatada”. La legitimidad, sostiene, dependerá del evento en sí mismo y de su concurrencia ciudadana.

Una sociedad comprometida

Según la encuesta de percepción ciudadana de la protesta de 2017 del Centro de Estudios Políticos de la UCAB, desde el inicio de las protestas en abril, 19% de los entrevistados había participado en una marcha o protesta. De acuerdo con Fermín, en otros contextos de conflictividad se requiere alrededor de 3% de participación para que la calle tenga como consecución un cambio político: “Pese a que 90% sostiene que son peligrosas, por temor a la violencia, esa participación de 19% no es baja. Es quizá la más alta que se ha tenido”.
Y en la preparación de esta consulta, ha sido la sociedad civil (estudiantes, profesores, transportistas, la Iglesia, los agricultores, las ONG, asociaciones de vecinos, los comerciantes y empresarios, los artistas), además de los partidos políticos, quienes se han puesto al frente de la jornada de hoy.
“Lo inédito es que la consulta no está convocada desde el poder, sino de los sectores excluidos. Hemos visto una dinámica de participación importante de la sociedad civil. El grueso de los venezolanos siente que el pueblo tiene poder para incidir en los cambios políticos. La fortaleza ciudadana y la efectividad tendrán que ver con el grado de participación que exista y la capacidad organizativa. Incluso el chavismo crítico, disidente, vio en esto una vía para que el pueblo se exprese. Todos están avocados a la democracia, para que ese camino se logre”, asevera Fermín.
Y es que precisamente –de acuerdo con la encuesta de la UCAB– 73,5% de la población muestra insatisfacción en la forma en que la democracia funciona en Venezuela. “Cuando merma la democracia es cuando más se necesita de eventos democráticos, esta es una posibilidad de ejercicio donde los venezolanos podrán dar un paso muy grande”, señala Mónaco.
El embajador y politólogo Óscar Hernández Bernalette, considera que la consulta de hoy es un ejemplo de cómo promocionar la democracia participativa y protagónica: “Es un mecanismo de democracia directa y qué mejor respuesta democrática si vemos un mar de ciudadanos expresándose”. Fermín rescata el significado de que sean los rectores universitarios los garantes del proceso: “Esta quizá es la institución mejor valorada por los venezolanos, es poner esa credibilidad, ese prestigio, al servicio del país”.
Efectos de la consulta. Mañana el país no amanecerá con un cambio de gobierno, pero sí con un mensaje para Nicolás Maduro. “Es una consulta de protesta, en la cual es la sociedad la que decide autoadministrarse para promover cambios, cuyos efectos pueden ser simbólicos. Afectar moralmente al gobierno y tras la participación, opacar el evento del 30 de julio. Que el mensaje sea tan fuerte que obligue a una respuesta política y muestre el repudio de la sociedad”, manifiesta Aveledo, quien asegura que ya existe una preocupación en las filas del gobierno por el éxito que pueda tener esta actividad. “Será un mensaje que llegará hondo a todos los sectores, ratificará al mundo la realidad de lo que pasa en Venezuela, incluso la superación de la dinámica de estos últimos 18 años: ya no se trata de gobierno versus oposición, sino una casta reducida de personas en el poder. Esto se leerá adentro de las estructuras de poder, de las Fuerzas Armadas y toda esta gente sabe leer. Es un mensaje poderoso, que puede precipitar el cambio político”, asegura Fermín.
Mónaco considera que el resultado de la consulta podría “forzar a que haya una mesa de negociación”, mientras que Hernández piensa que lo siguiente “dependerá del criterio, sabiduría política y la capacidad de entendimiento de Maduro”.
Para Gutiérrez lo importante es cómo se va a ejercer el mandato que se exprese en esa consulta, que será la ruta de la llamada hora cero y la escalada para desconocer la constituyente: “Es ir más allá de eso, no solo detenerla, sino básicamente buscar la salida de Maduro del poder. Eso comienza a jugarse a partir de mañana. El acto de este 16 de julio será la fotografía que Maduro no se quiso tomar en octubre con el referéndum revocatorio, porque sabe que está en minoría electoral. No tengo mayor expectativa de que Miraflores reconozca el hecho, pero sí van a dar acuse de recibo del golpe”.

Publicado en El Nacional el 16 de julio de 2017.