Apareció el CNE. No para convocar a elecciones, como esperaba el país democrático, sino para anunciar que los comicios pendientes, específicamente las regionales, se encuentran suspendidos. Esto se debe, según la rectora Tania D’Amelio, al proceso de renovación de partidos políticos que, como expresamos en un comunicado junto a siete organizaciones de la Sociedad Civil venezolana, atenta contra los derechos políticos de la ciudadanía.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, prometió el año pasado la realización de las elecciones de gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos para el primer semestre de 2017. Es importante recordar que el mandato de los gobernadores en ejercicio venció el 16 de diciembre de 2016, con lo cual la omisión del Poder Electoral extendió el período de estos funcionarios de manera inconstitucional.

Con el anuncio de la rectora D’Amelio, esta promesa es prácticamente imposible de cumplir, ya que, según el cronograma del organismo electoral, la renovación de partidos culmina el 21 de junio, finalizando ya el primer semestre del año. Esto no es inocente, ni puede achacarse la interrupción de las elecciones a un fetiche burocrático. Se trata, en cambio, de la continuación de una política enmarcada en la autocratización del régimen de Nicolás Maduro, para quien las elecciones no sirven ya ningún propósito, al encontrarse, él y el partido que representa, en franca minoría.

Más que las elecciones, en Venezuela hoy está suspendida la democracia. El régimen chavista, que fulminó la separación de poderes, el reconocimiento del contrario, el respeto a las minorías y la institucionalidad democrática en la promoción de su proyecto autoritario, militarista y de culto a la personalidad, entró en dictadura franca desde el 20 de octubre de 2016, cuando ilegalmente eliminó la posibilidad de un referéndum revocatorio al mandato del presidente. Desde entonces, su desprecio por lo electoral es patente, como también lo es su intención de estrechar los mecanismos de control, no solo sobre el mundo político, sino sobre la vida cotidiana y la dinámica social toda.

La Asamblea Nacional, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Estos son todos pilares de las democracias contemporáneas, pero en Venezuela, seguramente por esa razón, son blancos de represión, persecución y desconocimiento por parte del gobierno nacional. Lo mismo con las elecciones. El gobierno más impopular de nuestra historia pretende tachar de fetiche burgués a lo más elemental de la vida democrática, mientras habla en nombre de un “pueblo” que sueña todos los días con verlos fuera del poder.

El régimen de Maduro no podrá recobrar ya el favor popular, ha pasado el punto de no retorno. De modo que la recuperación de la democracia no vendrá de la mano de un gobierno que hoy la suspende, sino de los ciudadanos hambrientos de cambio y que aspiran vivir en un país en el que no solamente haya comida y seguridad, sino en el que reine la libertad y las posibilidades que solamente ella puede procurar.

La defensa de Venezuela y de su democracia vendrá de los venezolanos. Por eso, hoy urge, más que nunca, la participación cívica de cada mujer y hombre patriota para exigir, en todos los espacios posibles, el respeto a la Constitución, la convocatoria a elecciones y, con ellas, la recuperación de una democracia que conduzca al progreso de todos.

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Publicado en PolítiKa UCAB el 10 de febrero de 2017.