Venezuela observa hoy, con desconfianza y extrañeza, cómo factores del gobierno y de la oposición se sientan a explorar un diálogo. Esto llega en los momentos más álgidos de la conflictividad política, en medio de la supresión de los derechos políticos de los venezolanos mediante la suspensión de las elecciones regionales y del proceso de activación del referendo revocatorio, y de una contraofensiva de la oposición en dos planos: el institucional, a través de tres Acuerdos que buscan abonar el cambio político desde la Asamblea Nacional, y el de la protesta de calle, que ha logrado articular la participación de decenas de miles de venezolanos en defensa de sus derechos.

En Venezuela es noticia que el gobierno y la oposición hablen. Así de maltrecha está nuestra institucionalidad democrática. Y en medio de la desconfianza, acentuada por torpezas comunicacionales y tratos opacos, los venezolanos se preguntan hacia dónde va todo esto.

Cabe preguntarse, también, para qué es el diálogo. Aquí hay que recordar el punto de partida de la escalada del conflicto: las violaciones reiteradas a la Constitución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Si de allí partimos, entonces la respuesta es, o debería ser, clara: diálogo para restituir la Constitución y, porque la realidad del país lo hace imperioso, diálogo para abrir paso a las rectificaciones que permitan aliviar la crisis económica y humanitaria. Un tercer propósito, claramente en la agenda opositora y minimizado en la oficial, es el del diálogo para preparar el terreno para una transición. Sin embargo, no dejan de estar presentes otras opciones, con representantes de carne y hueso: el diálogo para la convivencia con el régimen y, peor aun, el diálogo para el co-gobierno (llamado en algunos círculos “gobierno de unidad nacional”) son opciones arriesgadas, peligrosísimas, de cuya inconveniencia en este tipo de lógica sobran ejemplos históricos. Basta voltear la mirada a Zimbabue para constatar que esa no puede ser la finalidad del diálogo…

No deja de ser absurdo que tengan que venir al país tres ex presidentes de la región y un enviado del Papa para restituir los derechos constitucionales. Se agradece la preocupación de la comunidad internacional, pero queda el sabor de que se está luchando por derechos básicos que el gobierno no tendría por qué tener como rehenes para la negociación.

Si las alternativas son el diálogo o la violencia, por supuesto que la apuesta debe ser por el diálogo. Pero el diálogo debe potenciar a los factores críticos, no paralizarlos, menos dividirlos. Para esto, es fundamental no desmovilizar. Con instituciones cooptadas por y subordinadas al Ejecutivo, la protesta de calle representa el único poder real de la oposición.

Si mantener la presión de calle resulta necesario, también lo es la transparencia en el manejo del mensaje. En tiempos en los que los medios de comunicación tradicionales no informan de manera veraz ni oportuna, la percepción de la ciudadanía se forma cada vez más a partir de noticias fragmentadas y vocerías particulares. Las partes sentadas en la mesa de diálogo y en sus distintas mesas de trabajo deben, pues, hacer el máximo esfuerzo por comunicar de la manera más precisa los avances, y por qué no, también las trabas, de este proceso con la mayor transparencia a un pueblo que, como mencionábamos la semana pasada, lejos de ser espectador aspira a ser protagonista de las decisiones que se tomen y de los cambios que ocurran.

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Publicado en PolítiKa UCAB el 4 de noviembre de 2016.