La ilegalización de los partidos

No fueron los adecos, tampoco los copeyanos. El Partido Comunista de Venezuela, fundado en 1931, va a terminar siendo ilegalizado por el gobierno revolucionario y socialista de Nicolás Maduro, su socio en la coalición conocida como Gran Polo Patriótico. No ha habido un quiebre oficial, más allá de que el PCV ha sido crítico de algunas medidas del gobierno de Maduro, pero el régimen está demostrando que está dispuesto a llevarse en los cachos incluso a sus aliados en su tarea de desaparecer a la disidencia.

El Consejo Nacional Electoral, siguiendo la pauta del Tribunal Supremo de Justicia, ha dado a conocer algunos detalles de un proceso de renovación de partidos políticos que promete ser una carnicería. Más allá del mito del bipartidismo, nuestro sistema político siempre ha estado caracterizado por la existencia de múltiples organizaciones políticas. Sí, durante la democracia civil predominaron Acción Democrática y COPEI, pero no es posible comprender ni analizar el período 1958-1998 sin considerar al MAS, o al MEP, PCV, Convergencia, Liga Socialista, URD, La Causa R, y pare usted de contar. Esto, sin entrar al detalle de los distintos partidos de alcance regional, cuya importancia explotó a partir de la descentralización emprendida en 1989. Lo mismo puede decirse del período 1999-2016. No es posible reducir el juego político a dos partidos. No hay manera de aproximarse al hecho político y electoral sin considerar los aportes del PPT, Podemos, Tupamaro, UPV, etc., por el lado del gobierno; y de las identidades diferenciadas de Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, entre otros, en la oposición. Además de esto, los partidos independientes, no alineados en la dinámica polarizada, también representan un mundo variopinto para la representación de otros sectores.

Muchos critican y han criticado este modelo. Que solo debería haber dos partidos, simplifican algunos. Que hay partidos de maletín, impulsados por mercaderes inescrupulosos que hacen su agosto en cada elección, denuncian otros. ¿Es necesaria una depuración de los partidos? Vamos por partes. En primer lugar, lo fundamental es el respeto a la Constitución, que en su artículo 67 garantiza el derecho a la libre asociación política y democrática. Un sistema de dos partidos puede funcionar en el imaginario de la sobresimplificación, pero no se corresponde a la realidad de la sociología política venezolana. Esquemas en los que dos partidos han sido los únicos reconocidos legalmente han existido –y fracasado– en la región. ¿Hay partidos de maletín? Sería ingenuo negarlo y justamente por esa razón es importante que los procesos de renovación de militancia se hagan con un criterio ajustado al espíritu de la Constitución y las leyes. Sin embargo, este proceso de legalización (o ilegalización) de los partidos, lejos de responder incluso a algún fetiche burocrático, responde a la intención deliberada de restringir la participación, en línea con la autocratización del régimen de Maduro, que transita el rumbo de un autoritarismo competitivo a uno de carácter hegemónico.

El proceso de ilegazación de partidos, si bien apunta a la cabeza de las organizaciones de oposición, ha despertado gran malestar en las filas oficialistas. El PCV, el más longevo de los partidos venezolanos, ha anunciado que no va a participar. Otros partidos de la alianza oficialista han ido más allá, declarando que operarán en la clandestinidad e, incluso, que apelarán por la capucha o las armas. En la MUD, para variar, no hay una postura unitaria. Mientras que algunos partidos se muestran confiados ante el desafío de un proceso nada claro y totalmente discrecional, otros han manifestado contundentemente su rechazo y dicen que no participarán.

En definitiva, el proceso de renovación de partidos, tal y como está planteado, supone una amenaza a la existencia del pluralismo político en Venezuela. Además, atenta directamente contra el derecho a la asociación establecido en la Constitución y, en la misma línea, atenta contra los derechos de participación del pueblo venezolano. Es un proceso organizado para la ilegalización, no para la legalización, y que debe alarmar a todos los demócratas de Venezuela.

Sí, hay una crisis de representación que impacta de manera negativa a nuestros partidos. Pero, aunque sea cliché, también es verdad: no hay democracia sin partidos. A nuestras organizaciones políticas hay que renovarlas, fortalecerlas, nutrirlas; no desaparecerlas. Ese es hoy el anhelo del régimen autoritario. Ese es hoy el desafío, uno de tantos, de la comunidad política.


Publicado en PolítiKa UCAB el 24 de febrero de 2017.

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