Por Daniel Fermín

Los esperaron en la bajadita. Las inhabilitaciones y los anuncios en contra de la participación de observadores de la Unión Europea en las elecciones de 2024 forman parte de la factura que el chavismo, desde el poder, decidió cobrar a quienes se embarcaron en la fallida aventura conocida como el interinato.

No iban a pasar lisos, menos cuando sectores de las bases chavistas parecían exasperarse tras lo que percibieron como la “impunidad” con la que Juan Guaidó y sus acólitos se paseaban por el territorio nacional mientras pedían sanciones contra Venezuela, bloqueo e intervención militar extranjera. Luego Guaidó se fue, lo dejaron ir, ya desinflado y derrotado, sin haber respondido por nada ante nadie. Más que aliviarla, la huida de la otrora figura principal del extremismo agravó la presión interna en el chavismo por “hacer algo” para hacerse respetar ante quien percibieron les tocaba la carita.

Podemos repetir consignas o administrar la realidad, prefiero la segunda: Quienes apuestan a salidas violentas, atajos y golpes de estado, si estos fracasan, no pueden tirar la piedra y esconder la mano. Insólitamente, les ha funcionado con sus bases, quienes en un extraño síndrome de Estocolmo se echan los errores de su dirigencia encima como propios, manipulados en el odioso mantra de “esto es lo que hay”. Ahora, de cara a quienes intentaron derrocar, a cuyas cabezas literalmente pusieron precio, es otro el cuento. Pero es allí donde, en lugar de la retaliación, debe privar la razón y la voluntad de resolver nuestros conflictos conversando, dialogando, entendiéndonos. La cárcel no es la solución. Las inhabilitaciones tampoco.

Soluciones ha propuesto una amnistía general que inicie el proceso de pacificación que tanto urge en Venezuela. Esto no es un llamado a la impunidad, como espetan inmediatamente los extremos en pugna. Porque, aunque jurídicamente estén pelados tanto quienes proponen inhabilitaciones express como quienes usurparon cargos y recursos de los venezolanos por más de tres años, el problema no se resuelve, tampoco, en los tribunales.

La amnistía general pone el desenlace de este conflicto en manos de quien siempre tuvo que estar: en las del pueblo. Yo, que nunca he estado de acuerdo con las sanciones, ni con Guaidó, ni con el interinato, ni con la sumisión a los gringos, ni con la corruptela de CITGO y Monómeros, sino que, todo lo contrario, lo denuncié desde el día uno, con la marea alta, contra el ventilador prendido del pestilente aire de los odios bien financiados, no estoy de acuerdo con descalificar a los candidatos a las presidenciales de 2024 sino que quiero que sea el pueblo el que premie y repudie lo que haya que premiar y lo que haya que repudiar.

Que participen todos. Que la gente decida si apoyar el continuismo, es decir, la misma pelea entre gobierno-oposición, la misma dinámica eterna y sin rumbo de la confrontación fratricida mientras el país se cae a pedazos, o rechazarlo y romper de plano con lo que hay para hacerse dueño de su destino compartido.