El ejercicio del poder en Venezuela se ha convertido en el imperio del capricho. La frase tiene vigencia hoy, como la tuvo cuando el doctor Ramón J. Velásquez la utilizó para ilustrar aquel país de instituciones pobres a principios del Siglo XX. La Constitución, que recibe un sinfín de rótulos cliché, apenas sirve para ser exhibida, en su edición de bolsillo, en cadenas que mezclan neolengua y cinismo.

Esto no es nuevo. Ya desde el gobierno de Hugo Chávez la Constitución daba para todo, pero servía para poco. La Carta Magna era “para los demás”, no para aquellos en el poder. Así, el librito azul establece un Estado federal descentralizado que no es tal; un 328 pisoteado de botas al grito de “¡Patria, socialismo o muerte!” y demás consignas partidistas y del culto a la personalidad. La lista es larga.

Pero no fue hasta el colapso del modelo chavista y la erosión de su popularidad que se extremaron las medidas. Sin el carisma del líder y sin el apoyo de las masas, y luego con el Parlamento en contra, el régimen necesitó de otros recursos para saltarse olímpicamente los mandatos constitucionales sin dejar de guardar las formas. Entra el Tribunal Supremo de Justicia.

Ese cuento, por supuesto, también comienza antes: con la designación inconstitucional de los magistrados por parte de la Asamblea saliente. Para el folklore de la política nacional quedará el caso de un diputado que votó por sí mismo para ser magistrado.

El hecho es que el chavismo, inhabilitado por el dogma para reconocer políticamente al otro, y menos para ser minoría y sujetarse a las reglas básicas de la democracia republicana, echó mano de los poderes cooptados y subordinados para desoír el mandato popular, y allí el TSJ ha tenido el papel estelar.

Como si se tratase de un local de remiendos al lado de una quincalla, el TSJ se ha prestado para todo tipo de interpretaciones a la Constitución al servicio del Ejecutivo. Desde declarar la constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica, negado por la Asamblea Nacional, hasta la inhabilitación misma del Legislativo, el Tribunal bien podría colgar un cartel que rece “Se hacen interpretaciones constitucionales a la medida”. El TSJ contraviene flagrantemente la Constitución cuando permite al presidente presentar la Memoria y Cuenta en su seno y, ahora, cuando interpreta que los ciudadanos con doble nacionalidad pueden aspirar a la Presidencia de la República.

Sin la fuerza de la gente, el régimen se cobija en las instituciones serviles. Las principales son el TSJ, la Fuerza Armada y un CNE que, como corresponde en un país en el que no hay elecciones, ha estado tiempo en silencio.

Es urgente retomar la senda de la Constitución y reconstruir la institucionalidad democrática. Este imperio del capricho solo ha dejado miseria y destrucción a su paso. Aquí, aunque trillada, cabe recordar la frase de Luther King, cuando expresaba que no debíamos olvidar que todo lo que hizo Hitler era legal.

Protestamos las actuaciones del TSJ por estar fuera de la Constitución, como hemos protestado las violaciones de una FAN que se dice chavista a pesar del 328 y las de un CNE que no es capaz de garantizar la integridad de los procesos electorales. La reconstrucción del país, cuando toque, no podrá limitarse a la infraestructura, la soberanía alimentaria y la recuperación del aparato productivo. En la reconstrucción de la institucionalidad democrática estará la garantía de que esto, a lo que hemos llegado, nunca más sea posible.

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Publicado en PolítiKa UCAB el 20 de enero de 2017.