En un país en el que pasa de todo, todos los días, es común que se diluyan las noticias. En una semana podemos ser testigos de una devaluación voraz, de un nuevo cono monetario, de los últimos acontecimientos de la mesa de diálogo, de la agudización de la conflictividad social, de las divisiones en el seno de las coaliciones políticas. Esto, sin contar la batalla diaria contra la cotidianidad: la de la escasez, la inseguridad, el colapso del Estado. En este panorama, vamos perdiendo capacidad de asombro. Nos insensibilizamos ante el horror. El pasado 25 de noviembre, luego de denuncias por parte de familiares, se localizaron 12 cadáveres con signos de tortura en una fosa común en Barlovento.
Esta masacre fue perpetrada por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), política oficial de seguridad ciudadana desde 2015 y plan número de seguridad número 27 de la revolución. 18 militares están hoy tras las rejas, mientras que el gobierno intenta calificar lo sucedido como un hecho aislado. La verdad es que desde frentes distintos de la sociedad se había advertido mil y un veces sobre la OLP: se dijo que era un atropello, que configuraba una gigantesca operación de criminalización de la pobreza, que no respondía a criterios de legalidad ni debido proceso, que lesionaba los Derechos Humanos y, sí, que facilitaba procedimientos extrajudiciales, desapariciones forzadas y ejecuciones. No tenían que perder la vida, ni los doce de Barlovento ni los muchos más que han sido víctimas de esta política oficial.
Aun en el supuesto de alguna vinculación criminal, en Venezuela no hay pena de muerte. Pero de facto existe, particularmente a partir de la OLP. El régimen ha aprovechado el estigma de la pobreza y la criminalidad para soltar los demonios de lo extrajudicial, ante la mirada indiferente de mucha gente que, agobiada, siente que “por fin” y “al menos” ahora “están haciendo algo”…
Barlovento sienta un precedente espeluznante, sobre todo porque no es el primer caso y porque, incluso desde instancias oficiales, se reconoce que puede haber otros casos, con otras fosas, de otros muertos a manos de la OLP. Si bien la responsabilidad penal es personalísima, afecta a toda la cadena de mando. No pueden el presidente ni sus ministros lavarse las manos: es su política, diseñada e implementada desde arriba. No fue una desviación, la masacre es la consecuencia lógica y advertida del operativo, está en su espíritu mismo.
12 cadáveres con nombre y apellido, dos cuerpos sin reconocer y al menos cinco desaparecidos son el saldo de Barlovento, según información de la prensa. Ninguno tenía antecedentes penales, contra ninguno había orden judicial. Esto es solo Barlovento. Aterra pensar que la OLP actúa en todo el país.
La masacre de Barlovento es un aspecto, terrible, de una crisis mayor. Es una situación que ve a todo una nación sometida a las mayores penurias mientras un reducido grupo se aferra a privilegios y demás beneficios del poder. Es la escasez, el colapso de hospitales y escuelas, el desabastecimiento de medicamentos, el hambre. Es la fosa común, y el foso común. El sepulturero viene de arriba, viste el uniforme. Y aunque estén 18 detenidos, gracias al arrojo de los familiares de las víctimas, el sistema está intacto.
Barlovento nos deja consternados, profundamente preocupados como Nación. Se trata de la exploración de un terreno especialmente peligroso y macabro. Como sociedad, urge organizarnos para mantener viva la lucha por los Derechos Humanos y no permitir ni que se barran las masacres bajo la alfombra ni que lo cotidiano barra con la sensibilidad ante estos temas. Esto no parará hasta que cambie el sistema. Sabemos que la Fuerza Armada está llena de efectivos honestos y patriotas, que en el gobierno no muchos pueden estar de acuerdo con la mentalidad de escuadrón, de política de exterminio, con la que se asume la OLP. Y hacia allá es el llamado, a ejercer la presión para que se resarza a las víctimas, que haya justicia y se hagan los correctivos para que esto no vuelva a suceder.
Son 977 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, según registra independientemente COFAVIC. ¡Casi mil ejecutados por una política oficial, solo de enero a julio de 2016! 81% son menores de 25 años, el futuro truncado en un crimen de lesa humanidad. La OLP fracasó y sacó lo peor de la represión militarizada. Ya basta, paren esa locura. Justicia para las víctimas.
Publicado en PolítiKa UCAB el 9 de diciembre de 2016.
Daniel Fermín 
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