En estos días el país ha leído, por partes, lo que es en esencia el obituario de la Constitución. Se ha escrito a varias manos, entre el presidente de la República y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ha tenido varias formas, desde la anulación de la Asamblea Nacional hasta la presentación del presupuesto nacional ante el TSJ.

El régimen, en su desconocimiento de la Asamblea Nacional electa por el pueblo venezolano, no sólo se salta la Constitución, sino que desconoce la voluntad popular. La democracia y el imperio de la Ley son incómodas camisas de fuerza para un gobierno impopular y cada vez más autoritario. El TSJ, usurpando funciones, ha sido el verdugo predilecto en el absurdo propósito de contener lo incontenible y evitar lo inevitable.

Venezuela padece la peor crisis desde la Guerra Federal y aunque haya incertidumbre sobre el futuro y aunque no haya claridad ni consenso sobre lo que viene después, si algo está claro es que los venezolanos claman casi al unísono por un cambio que devuelva los alimentos a las mesas de los hogares y las medicinas a los estantes de las farmacias. Se siente el hartazgo por el abuso, la ineficiencia y el empeño de una casta que no pudo resolver los problemas, y más aun, que los creó y los agudizó, en conservar el poder y los privilegios. Los venezolanos han comprendido, y así lo indican todos los estudios de opinión, que no habrá cambio en la situación mientras no haya un cambio de gobierno.

Este obituario lleva mucho tiempo escribiéndose. La lista de arbitrariedades crece cada día y la ligereza con la que se omite la realización de las elecciones regionales, aunque no halla en el debate nacional el espacio que merece, es una gravísima alerta de que la democracia en Venezuela se ha vuelto una opción a ser aplicada a discreción de los mandamases. Y como no le conviene a quienes han perdido hoy el favor popular, se aplicará cada vez menos, se racionará como tantos otros bienes en el país. O al menos eso pretenden…

Urge retomar el hilo constitucional para salir de la crisis. La Constitución, lejos de ser perfecta, indica el papel que deben cumplir los poderes públicos y la Fuerza Armada. La violación a la Carta Magna es reiterada y flagrante y la ciudadanía está llamada a velar por el respeto al texto que la protege del abuso, de la violencia y el caos. Eso vale para hoy y para mañana, para este régimen y para los gobiernos que vengan.

Y en momentos en los que todo el control de todas las instituciones está en las manos de un grupito muy pequeño, ajeno al reclamo popular y al padecimiento cotidiano, insistimos en que el poder y la fuerza está en la gente, en la capacidad de organizarse y movilizarse en defensa de los derechos.

El gobierno decidió colocarse definitivamente fuera de la Constitución. Depende del pueblo movilizado que el obituario de nuestro libro común no sea también el obituario de la democracia en Venezuela.

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Publicado en PolítiKa UCAB el 14 de octubre de 2016.