Venezuela es el país más corrupto de América y el Caribe, de acuerdo al último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Además, el país se ubica en la posición 166 entre los 176 países que forman parte del estudio. La corrupción ha sido el signo de una revolución que llegó “para acabar con la corrupción” hace 18 años. Sí, no es un fenómeno nuevo, que encuentra sus raíces en las instituciones coloniales, pero no, nunca habíamos vivido los venezolanos una vorágine tan depredadora de corrupción, saqueo y rapiña, que le ha robado a los venezolanos las oportunidades de desarrollo y bienestar que están en el centro de las aspiraciones ciudadanas.

La corrupción sistémica no sólo desangra el erario público y pervierte a las instituciones y a los individuos de la sociedad, sino que, además, refuerza la desigualdad social y genera un círculo vicioso en el que desigualdad y corrupción se retroalimentan continuamente. Esto, como los amigos de Transparencia han indicado bien, conlleva a la frustración y el desencanto de la colectividad hacia la clase política. Además, la corrupción exacerbada puede ser la semilla de liderazgos populistas y demagógicos que terminan perjudicando aun más la situación.

La corrupción atenta contra los Derechos Humanos y el desarrollo y, además, promueve la exclusión. El déficit institucional existente en Venezuela, caracterizado entre otros factores por la falta de independencia de los poderes, ha causado que la corrupción pase impunemente. Basta recordar los casos más sonados: Plan Bolívar 2000, FIEM, Pdval, PDSA, Cadivi y, ahora, Odebrecht. La Contraloría, muy ocupada cumpliendo los designios del Ejecutivo a través del uso de las inhabilitaciones como herramienta política (en sí misma, un acto de corrupción), no ha actuado para atacar el problema, a pesar de altisonantes y reiteradas declaraciones, según las cuales los corruptos caerán “estén donde estén”.

La guinda ha sido noticia en estos días: una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que despoja a la Contraloría General del control de las actividades de los entes adscritos al Ministerio de la Defensa, incluidas las empresas militares que, como hemos advertido en escritos anteriores, han crecido exponencialmente durante la militarista revolución…

En el país más corrupto de América hace falta más control y no menos. Los militares, ciudadanos de primera, ahora cuentan entre sus privilegios el de tener carta blanca, o al menos una caja negra, en lo que a control se refiere. Sí, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asume la tarea despojada a la CGR, pero tratándose de una institución que ha adquirido tanto poder, que maneja tanto presupuesto en tantos organismos distintos, eso equivale a pagarse y darse el vuelto. El autocontrol, en una democracia republicana sana, no puede sustituir al control de los organismos diseñados para salvaguardar el patrimonio de todos los venezolanos.

Por supuesto, aquí hay algo más, más profundo y peor: se trata de una postura reiterada de reversión del principio de subordinación del poder militar al civil. Los civiles representan una casta inferior, indigna de supervisar, controlar y menos castigar a la élite alumbrada que hace –y deshace- hoy el destino de 30 millones de venezolanos.

La corrupción es un cáncer en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Se alimenta del modelo rentista, del clientelismo, del personalismo, del control de cambio, de la primacía militarista. Nuestro sitial en el podio de la corrupción es una profunda vergüenza para todos los venezolanos de bien y una muestra más del estruendoso fracaso del proyecto chavista, que ha cobijado el saqueo más grotesco de nuestra historia nacional.

La reconstrucción de la democracia venezolana debe tener en el centro, como lo tuvo en el proyecto democratizador de principios del siglo XX, la lucha contra la corrupción. Sin el saneamiento necesario de la cosa pública, y con ella del mundo privado, será imposible alcanzar el desarrollo, la inclusión y el potencial de este país de gente honesta. No podemos seguir a la merced de un grupo que opera para los privilegios, no podemos seguir al servicio de los más corruptos.

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Publicado en PolítiKa UCAB el 27 de enero de 2017.