La Palma

090 – 28 de julio de 2020

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La polarización extrema ha significado la cooptación de los principales medios de comunicación. Este espacio ofrece una visión crítica detrás de algunos de los principales titulares diarios, en un formato sucinto.

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Mi comentario de hoy

El abuso policial como problema en sí mismo

En Venezuela hay un problema grave de abuso policial, que va desde el matraqueo corriente hasta miles de ejecuciones extrajudiciales escondidas detrás de la etiqueta de «resistencia a la autoridad», pasando por la represión y el protagonismo de funcionarios policiales en todo tipo de delitos.

La relación de la sociedad venezolana con los cuerpos policiales es, cuando menos, incómoda. La clase media aguanta la respiración al pasar por alcabalas improvisadas en la vía pública, mientras que los venezolanos de los sectores populares viven aterrados las incursiones de comandos en las comunidades, donde apresan o «dan de baja» a cantidad de jóvenes sin ton ni son.

Que en Venezuela hay un gobierno autoritario no es un detalle menor. Que existe relación entre el autoritarismo inescrutable del gobierno y la carta blanca de los cuerpos de seguridad pareciera estar claro también. Sin embargo, el diablo está en los detalles. Achacarle el abuso policial a «la dictadura» sólo diluye el problema y lo lleva a una abstracción en la que se desdibujan los responsables directos (y sus víctimas), vendiendo el espejismo de que la situación sólo se resuelve con un cambio de gobierno, cuando se trata de un tema estructural más complejo que hay que enfrentar en sí mismo.

El abuso policial en Venezuela es una de las manifestaciones del autoritarismo, pero también precede a estos veinte años. Quienes conservamos recuerdos de la Venezuela pre-chavista, recordamos las patrullas que portaban jaulas de hierro en el parabrisas y las ventanas para recibir la lluvia de botellazos y demás objetos con los que la policía era recibida en las comunidades populares. Durante el chavismo, pero también antes de, la relación entre las comunidades y la policía ha estado marcada por el temor, la desconfianza y el conflicto.

Cuando ante el abuso policial se corre a denunciar a «la dictadura», se parte de la premisa cierta de que el gobierno es el responsable de establecer las políticas policiales y de seguridad ciudadana. Sin embargo, al quedarse en un nivel abstracto, se le da también un pase libre a los cuerpos policiales, al director tal, a la policía cual, al funcionario Mengano o Zutano. Digámoslo de nuevo y de manera inequívoca: el gobierno -este, el de ayer, el de mañana- es el responsable principal de la actuación de los cuerpos policiales. Sin embargo, vender el abuso policial como un fenómeno unicausal diseñado por la dictadura es buena propaganda, pero mal diagnóstico y lleva, invariablemente, a un mal remedio.

Debemos alzar la voz contra la brutalidad policial, contra la criminalización de la pobreza que implican las incursiones de la FAES a los sectores populares, contra la represión de la ciudadanía en ejercicio de sus derechos. Para hacerlo de manera efectiva, hay que superar el maximalismo que dice que todo cambiará con la caída del gobierno o, a la inversa, que nada cambiará mientras estén quienes ejercen hoy el poder. Increpar al gobierno, a sus ministros y responsables de seguridad ciudadana es un tema de ya, no para «cuando salgamos de la dictadura». Pero eso implica superar las gríngolas de la polarización y el no-reconocimiento del otro. Precisamente, en la lucha contra el abuso policial hay una oportunidad para superar la polarización política y lograr alianzas de base ancha entre distintos sectores de una sociedad hastiada.

No es este el lugar para decir que la policía tampoco la tiene fácil ni para desarrollar que hay funcionarios honestos que, frustrados y entre sueldos míseros, hacen su trabajo sólo para ver a los delincuentes libres el mismo día; que las cárceles son poco más que depósitos inhumanos de gente pobre sin palanca, que el sistema de administración de justicia entero está roto. Pero vale hacer la nota para un panorama más completo de una situación compleja.

El abuso policial es un problema en sí mismo y sólo concibiéndolo de esa manera podremos articular el reclamo ciudadano por un cambio que redunde en el respeto a los Derechos Humanos y una policía concebida como llave de las comunidades y no como el terror de los barrios. De lo contrario, corremos el riesgo de engañarnos nuevamente con la ilusión de que una reforma nominal, un cambio de nombres y de uniformes son suficientes para cambiar una situación que está enquistada en la cultura institucional venezolana.

Nuestra solidaridad con las víctimas del abuso y la brutalidad policial. Ayer, hoy y siempre.