Dos maneras distintas de sobrevivir

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Sobrevivir se ha convertido en la misión más importante para los venezolanos. Busca sobrevivir la gente, haciendo frente a la peor crisis de la historia. Busca también sobrevivir el régimen, de cara al deslave de su base de apoyo y al riesgo claro, cuando no certeza inevitable, de perder el poder. Son dos maneras distintas de sobrevivir y pareciera que, entre ellas, son incompatibles. Quizás por esto las prioridades del gobierno están tan lejos de las prioridades del pueblo.

El gobierno ha sido explícito: Su objetivo inmediato es derrotar a la Asamblea Nacional. Así lo ha declarado el presidente Maduro. Derrotar la Asamblea para conservar el poder, desde luego. En este sentido, hemos venido insistiendo en una acción concertada, desde el poder, para levantar barricadas al cambio político. El esfuerzo ha sido sistemático, y apunta hacia impedir la activación del referéndum revocatorio presidencial. Pasados mil y un obstáculos, nacidos del capricho y la discrecionalidad, toca ahora esperar una nueva alcabala: la verificación de la validación. Para esta fase-trabalenguas, innecesaria por demás, el CNE se ha reservado 20 días hábiles. Voceros del régimen han exigido (¿ordenado?), además, que la siguiente etapa, la recolección de firmas de 20% del Registro Electoral, se realice en un solo día, y utilizando solo 20% de las máquinas disponibles. “No se la vamos a poner fácil”, es el argumento del diputado Diosdado Cabello, que no descansa en ninguna lógica constitucional ni jurídica, sino en el más primitivo instinto de supervivencia. Si hay revocatorio, lo saben, están perdidos.

Han ido más allá. Grupos oficialistas solicitan al Tribunal Supremo de Justicia repetir el proceso de recolección del 1% de las firmas, y voceros de la oposición dan crédito a versiones según las cuales el TSJ respondería a favor de esta petición. Otros grupos del gobierno acuden al máximo tribunal para pedir la “abolición” de la Asamblea Nacional. Voceros oficialistas llaman al despido de funcionarios públicos que hayan firmado contra el presidente Maduro, y ya se conocen casos en los que venezolanos han perdido becas y empleos por haber ejercido un derecho político básico.

La política internacional también apunta a la supervivencia, como bien ha desarrollado el profesor Víctor Mijares en otros espacios, y como evidencia la actuación de la diplomacia venezolana en distintos escenarios. Sobrevivir es el nombre del juego. ¿Para qué? Para llegar a 2017, para esperar un golpe de timón, algún imponderable en la economía mundial que mejore la situación para el régimen, de pronto un milagro que evite la salida del poder y el cese de los privilegios para un grupo que se ha enquistado y para el que es muy costoso abandonar ya Palacio…

No hay tarea de supervivencia mayor a la que emprende a diario el pueblo venezolano. Sobrevivir, para la gente, es algo muy distinto, y mucho más dramático, que para el régimen. Se trata de necesitar 15 salarios mínimos para cubrir una canasta básica que sobrepasa los Bs. 200.000; es sortear una caída de más de 70% en el ingreso, a causa de la inflación; es mantenerse a flote en un contexto en el que las empresas que quedan han reducido sus operaciones forzosamente en 80%. Protestas por comida, saqueos a diarios, Cumaná, Tucupita, Catia. Es la familia que necesita más de Bs. 300.000 al mes para pagar alimentos y servicios… y que no los tiene. Son más de 20 venezolanos presos por motivos políticos en lo que va de año, víctimas del atropello y el abuso de poder. Es esto y tanto más.

La condición, lejos de ser estática, empeora cada día. Cada vez el dinero alcanza menos, es más difícil conseguir productos y servicios, son más escasas las medicinas y los alimentos. Y el gobierno, lejos de ser el aliado de la gente, de echarle una mano, de generar condiciones que indiquen al menos una tenue luz al final del túnel, se convierte en la piedra de tranca para la supervivencia de la gente. Por eso, entre las prioridades del gobierno no están la escasez, ni la inseguridad, ni la promoción del desarrollo. Lo suyo, y han sido en eso muy claros, es conservar el poder y, con él, los privilegios de la que se ha convertido en una casta encumbrada de la sociedad.

Son dos maneras distintas de sobrevivir y, aunque no tendría por qué ser así, las acciones del gobierno las han hecho mutuamente excluyentes. Para que sobreviva el pueblo, no puede sobrevivir este gobierno, pues es el causante directo de la crisis y de las penurias tan graves que vive hoy todo un país. Si alguna vez existió la posibilidad de plantear cambios en el gobierno como alternativa de salida a la crisis, la realidad muestra, cada vez más, que superar esta situación y salir adelante solo será posible, en primera instancia, con un cambio de gobierno.


Publicado en PolítiKa UCAB el 1 de julio de 2016.

Donde no llega el Estado

Semana Santa nos agarró en el llano guariqueño.  Caminos de tierra cruzan la inmensidad de una tierra hermosa, aunque castigada por los estragos del intenso verano.  Mayores son, sin embargo, los estragos de otro orden, los que provienen del colapso y el abandono de las instituciones públicas.  Los servicios públicos no existen en la ruralidad venezolana y, más allá del hechizo que evocan las aguas del morichal y la luz omnipresente de la luna llena en unas noches que nunca son del todo oscuras, se manifiestan las deficiencias del día a día, la necesidad que pasa la gente. 

Por cuadras llaneras se ven personas sentadas sobre sus bombonas en la vía principal, esperando a ver si pasa el camión.  El resto cocina a leña.  Luz eléctrica, ni hablar.  El llano se mueve a punta de plantas que funcionan con gasolina.  Un desperfecto en alguna y sucede lo que encontramos en Parmana: no hay repuestos, por lo tanto no hay luz, por lo tanto no hay, para decir lo menos, hielo ni nada que requiera de refrigeración desde hace tres meses.  Los Mercales, cerrados.  El patrullaje, prácticamente inexistente.  Que el mundo rural posea riquezas propias, infinitamente distintas a las de nuestro caos urbano, no justifica el abandono.  Por allá no llega el Estado.

Días antes nos encontrábamos en otros caminos, también de tierra, que mostraban otros rostros de hastío sobre otras bombonas, esperando a otros camiones que tampoco llegaban.  Casas de bahareque nos transportaban a siglos pasados y sólo el zumbido de las motos nos recordaban que no estábamos en alguna sabana lejana sino en los linderos del Área Metropolitana de Caracas.  Hablamos de la Zona Rural de El Hatillo.

Más de 400 kilómetros separan las dos localidades.  No obstante, muchos de los problemas son los mismos. ¿Por qué? La ruralidad tiene su dinámica, sus maneras, lo hemos dicho.  No se trata de eso, hay algo más allá: la ausencia del Estado.

En la Fila de Turgua conversamos con Gustavo Cisneros.  Comparte nombre y apellido con uno de los magnates más reconocidos del país y del mundo, aunque su realidad dista mucho de la de su tocayo de La Colina.  Gustavo es docente y promotor comunitario, recorre todos los caseríos de la Fila pendiente de la cisterna que surte agua a las casas que dependen de ella ante la ausencia del servicio directo.  En tiempos pasados, con el esfuerzo de una Cooperativa, consiguió y manejó una ambulancia en El Calvario, el barrio popular ubicado en la zona urbana, frente al pueblo de El Hatillo, hasta que se metieron el Estado y la prudencia de las leyes, y dejó de manejarla…  Y dejó de haber ambulancia en El Calvario.  En tiempos remotos fue concejal, aunque su tono y carácter es la de un hombre que es político en su preocupación y vocación por lo público, pero que se ha cansado ya del carnaval partidista y electoral.  Es, ante todo, un hombre sencillo, cordial, servicial, tímido ante la cámara.  Conoce a todo el mundo, a los papás de todo el mundo, y las historias de todo el mundo.  Critica donde hay que criticar, reconoce donde hay que reconocer.  Con él recorremos las realidades de la ruralidad hatillana, a escasos kilómetros de La Lagunita, su despampanante vecina, con la que comparte, si acaso, una jurisdicción político territorial.

La comparación la hacemos muy adrede.  Es parte del drama de esta zona remota, rural, que forma parte de un municipio tenido por muchos, erróneamente, como rico.  También es un municipio de recursos muy escasos, por los cuales se pelean los ciudadanos de las zonas más densas.  Hay, en El Hatillo, al menos cuatro realidades: la de una clase media que reclama la atención de las instancias del gobierno, específicamente de la Alcaldía; una pequeña zona popular que tiene menos gente pero más necesidades; una robusta zona de mansiones con ciudadanos que, también en su derecho, reclaman servicios, ornato, seguridad, atención del gobierno; y nuestra zona, la que recorremos con Gustavo: rural, empobrecida, marginal en el sentido más estricto de la palabra. 

En un punto de la Fila de Turgua se cruzan tres municipios de Miranda: El Hatillo, Baruta y un Paz Castillo que ya nos suena lejano a los caraqueños.  Más allá de lo trivial, esto viene a constituir un drama adicional, el de esas tierras de nadie, fronterizas, que nadie suelta pero que tampoco nadie quiere.  Allí hay habitantes, más que ciudadanos.

Cuatro niveles de gobierno tienen competencia sobre la Zona Rural de El Hatillo: el gobierno nacional, la Gobernación de Miranda, la Alcaldía del Área Metropolitana de Caracas y la Alcaldía de El Hatillo.  A esa lista debemos sumarle la Corporación de Desarrollo de la Cuenca del Río Tuy “Francisco de Miranda”, mejor conocida como CorpoMiranda, a cuya cabeza se encuentra el ministro Elías Jaua, bautizado desde el alto gobierno como el “Protector” del Estado.  De modo que con cuatro instancias electas y una paralela que supera en presupuesto a varias de las anteriores, cabría suponer algún tipo de presencia y, con suerte, algún esfuerzo mancomunado en la zona.  No es el caso.

No hay coordinación alguna, nos dice Gustavo.  Las instituciones no se ponen de acuerdo ni se organizan en beneficio de la comunidad.  Hay demasiada separación y anda cada quien por su lado, insiste.  Compiten, no en gestión, sino en poder: “los que tienen más poder se lo quitan a los que deberían tener, que tampoco hacen”.  Para muestra, el ambulatorio, envuelto en una confusión administrativa entre la alcaldía y el ministerio, o la seguridad: por ser Zona Protectora, le corresponde a la Guardia Nacional Bolivariana asumir labores de patrullaje, pero no las hace.  Tampoco la Policía de Miranda ni la Policía de El Hatillo tienen mayor presencia, mientras la droga le gana el juego a la juventud en una zona donde no existen mayores oportunidades de formación, empleo, esparcimiento o buen uso del tiempo libre.

Gustavo alude al tema de la partidización como algo que “perjudica mucho” a la comunidad.  No el hecho de que existan partidos, sino la dinámica que surge cuando los dirigentes ponen el querer figurar, o “protagonizar”, como él mismo lo define, por encima de las soluciones y las propuestas concretas.  No hay, a escasos kilómetros de la Capital, los servicios más básicos, y la partidización, o más específicamente los conflictos que surgen a partir de la partidización, se han constituido en un obstáculo para que lleguen esos servicios.

Creemos justo reconocer, en medio de este estado de abandono en el que viven los ciudadanos de las zonas rurales, la presencia de mujeres y hombres que trabajan en lo público y desde lo público.  Sorprende que en algunas zonas de Turgua pasa el aseo urbano, prestado por la alcaldía, que también proporciona la cisterna.  El ambulatorio cuenta con un médico cubano.  Cuando decimos que no llega el Estado no queremos despachar ni minimizar estos esfuerzos, sino señalar su insuficiencia.

¿Qué hace falta para cambiar esto? Es una pregunta que le hacemos directamente a Gustavo.  Responde completando el diagnóstico: “Somos la otra cara de Venezuela.  La gente que necesita, la gente que no tiene, la gente que pasa trabajo”.  Continúa relatando las carencias: de transporte público, seguridad, escuelas mal dotadas, ausencia de comedores, Mercales que no abren, hogares de cuidado diario que hacen falta, y concluye que se debe “a la misma parte política”, con lo que quiere referirse a la conflictividad.  Aterriza en los retos, en lo que hace falta para cambiar y se centra en la unión entre los vecinos y en la imperiosa necesidad de consolidar una mayor organización.  Están las leyes que promueven la participación, los consejos comunales, “pero no se lleva a cabo”.  Las soluciones a los problemas de su comunidad siempre han venido desde la misma comunidad, por eso su foco está allí, en fortalecer el músculo comunitario, el vínculo social primario, directo.  Quizás es tanto el abandono que ya siente al Estado lejos, al gobierno en otro plan que no es el de brindar servicios.  O tal vez la experiencia le ha enseñado que la democracia se consolida desde abajo y las reivindicaciones se logran con espíritu gregario y reclamo colectivo.

Al drama de un Estado ausente, de una conflictividad política que obstaculiza la gestiones de gobierno, de una ruralidad sin mayores dolientes en las instancias de poder y de una población que está al margen de todo lo hemos llamado Parmana, Turgua, Zona Rural.  Pero podríamos llamarlo de mil maneras, a partir de mil realidades análogas a lo largo y ancho del país.  Comunidades que carecen de lo más básico en pleno siglo XXI, ante un gobierno cuyas prioridades están en otro lado.  Coincidimos con Gustavo en que el progreso está en la fuerza de la gente, en su capacidad de organizarse y reclamar lo que le corresponde, en la verdadera democratización de lo público y en una transformación que permita redirigir el esfuerzo estatal hacia la solución mancomunada de los problemas.  Urge recuperar lo público para la gente, democratizarlo, modernizarlo, despojarlo de sus lógicas perversas, porque aún hay personas que viven como hace dos siglos allá, donde no llega el Estado.


Publicado en PolítiKa UCAB el 9 de abril de 2016.