Mucho se ha debatido, durante muchísimo tiempo, sobre la naturaleza del “problema venezolano”. Una de las perspectivas que más fuerza cobra en ese ejercicio es la cultural. De acuerdo a esta, los venezolanos tenemos unas “taras” culturales que truncan nuestro camino al desarrollo. De aquí se desprenden muchos argumentos: Que si aquí llegaron unos españoles vagabundos que solo buscaban hacer riquezas; que si los indios eran flojos; que si nuestro mestizaje en realidad trabajó en nuestra contra; incluso, que el clima, la geografía y la ausencia de estaciones nos han hecho un pueblo “flojo”; que tenemos (o más bien “tienen”, siempre el otro) “un rancho en la cabeza”. Es un enfoque equivocado. El resultado único de la perspectiva culturalista y sus derivados geográficos y climatológicos es el fatalismo: si es así, no hay nada que hacer.
Una perspectiva menos escandalosa pero más acertada se enfoca, no en lo cultural, sino en lo institucional. Así, el “problema venezolano” parte y se debe, en gran medida, a la ausencia de instituciones efectivas. El resultado: no hay reglas claras. La consecuencia: la anomia. “La ley respetando” solo se encuentra en el himno, y el déficit institucional ha determinado que en Venezuela, lejos de regirnos por el Imperio de la Ley, nos enfrentemos al Imperio del Capricho, como lo llamó el historiador Ramón J. Velásquez. Son pocas las instituciones con longevidad en Venezuela, sean públicas o privadas. Nuestro constante “borrón y cuenta nueva” es causa y consecuencia de esto.
La lucha que por más de 70 días adelanta el pueblo venezolano en defensa de la libertad, la democracia y el bienestar ha puesto de manifiesto la importancia de la esfera institucional. Ante la amenaza concreta de una “constituyente” fraudulenta que busca atropellar a la mayoría del país en un intento por lograr la hegemonía de un pequeño grupo, son diversas las posturas que, desde las instituciones, se han fijado para enfrentarla. Así, hemos visto a sindicatos, asociaciones profesionales, gremios, cámaras empresariales, el movimiento estudiantil, la Conferencia Episcopal, partidos políticos, asociaciones civiles, asociaciones de rectores universitarios, las universidades mismas y un sinfín de organizaciones pronunciarse y organizarse en rechazo de la constituyente y en defensa de la Constitución y la democracia.
Quizás la más relevante postura institucional es la que proviene de la Fiscalía General de la República. Desde el seno del chavismo, la Fiscal General ha retomado la senda institucional y, de manera valiente, ha alzado la voz contra lo que a todas luces se muestra como la horca de la democracia. Más allá de realizar pronunciamientos públicos, la Fiscal ha introducido recursos varios ante un Tribunal Supremo de Justicia que sabe cooptado por el Ejecutivo. No se trata de una postura ingenua, sino de una cementada sobre la necesidad de promover, fortalecer y hacer valer la institucionalidad republicana y democrática.
Si algo ha de garantizar la consolidación de la democracia una vez que el pueblo venezolano logre reconquistarla, es precisamente el fortalecimiento de las instituciones. Que lejos de mandar un hombre, manden las leyes. Que el poder, limitado, resida en los cargos y no en las personas. Que las reglas claras se impongan al atropello y el “a mí me da la gana” de los autócratas. Instituciones responsivas, que rindan cuentas y atiendan los reclamos de un pueblo que encuentra en las calles y la protesta los únicos medios para hacerse sentir, justamente ante la falta de respuesta de las instituciones del Estado. He allí un enorme reto para el futuro, que está siendo abonado por la lucha que, desde diversas instituciones, se hace hoy en defensa de la democracia.
Las instituciones son clave para el desarrollo y el entendimiento nacional. Son un muro de contención contra el autoritarismo, el abuso de poder, la impunidad y la corrupción. Con el fortalecimiento de las instituciones ganamos todos, hoy y mañana.
Luego de 15 años de una revolución signada por la dominación carismática, profundamente personalista, ajena a los controles y decididamente contraria a la separación de poderes, el chavismo enfrentó la crisis de sucesión típica de este tipo de regímenes. El carisma no es transferible, como bien dijo Weber y entendió el presidente Maduro, por lo cual los últimos cuatro años de la revolución han dado un acelerón a los rasgos autoritarios que ya se encontraban en la génesis de un proyecto anclado en las tanquetas y los fusiles. A casi 20 años de todo esto, quizás ahora sí veamos, los venezolanos, la importancia de las instituciones, de cuidarlas, fortalecerlas y reclamarles cuando se salen del camino. Son las instituciones nuestra mayor garantía contra el abuso, de la preservación de los derechos y las libertades, de la justicia, la paz y la estabilidad. No, no es “el rancho en la cabeza”, son las instituciones “ranchúas”. Hoy saludamos el renacer de la valoración social de la institucionalidad y hacemos votos por que en el futuro una Venezuela de instituciones sólidas se traduzca en un país de derechos y oportunidades para todos por igual.
Foto: AVN
Publicado en PolítiKa UCAB el 16 de junio de 2017.
Daniel Fermín 