Cinco pasos para la transición política sugirió el foro #Democratización en Venezuela

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La caracterización de los procesos de transición política fue el tema de debate del foro “¿Democratización?: La Dinámica del Cambio Político en Venezuela”, organizado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Además de los ponentes nacionales, destacó la participación de tres invitados internacionales: José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral de México durante la transición mexicana; Sergio Bitar, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia y exministro de Allende, Lagos y Bachelet; y Abraham Lowenthal, primer director general de América del Centro Woodrow Wilson y fundador de Diálogo Interamericano. Este panel de expertos destacó los elementos comunes en los procesos de cambio de gobierno en Latinoamérica y el mundo y compartió algunas recomendaciones para el caso venezolano.

Estos son los cinco pasos para la transición política, según los panelistas:

1.Organización cívica y política efectiva: El sociólogo y analista político venezolano, Daniel Fermín, expuso sobre el rol de la ciudadanía en los procesos de cambio político.

“La ciudadanía ayuda a promover la democratización” y “el cambio se logra no solo con el arreglo de las élites sino con la organización y movilización popular” fueron algunas de las conclusiones que asomó Fermín.

A su juicio, los partidos políticos en Venezuela no tienen por sí solos el poder para generar la presión que generará el cambio político.

Explicó los elementos que deben regir la organización cívica para que sea efectiva como: capacidad para ejercer control y disciplina sobre las fuerzas democráticas movilizadas; adelantar una campaña electoral efectiva; acometer un monitoreo amplio de las elecciones con tabulación paralela de los votos; articular un programa básico para la era post-autoritaria y movilizar a la opinión pública internacional y a los gobiernos democráticos extranjeros a favor de la causa democrática local.

2.Arreglo de las élites: No existe acuerdo político sin negociación entre las élites que tienen el poder. Tanto Lowentahl como Bital, Woldenberg y los ponentes nacionales coincidieron en que el diálogo es el medio para concretar transiciones democráticas.

3.Unificación de la oposición frente al gobierno: La coalición opositora “es una mesa con un potencial importante en busca de unidad” opinó el primer director general de América del Centro Woodrow Wilson, Abraham Lowenthal. A su juicio, la MUD debe fortalecer los acuerdos internos para hacer frente al proceso de diálogo.

El analista apuntó que ninguno de los bloques políticos (gobierno-oposición) es fuerte actualmente y por esto es necesario que cedan para canalizar el diálogo.

4.Disposición a sacrificar peticiones y condiciones: La historiadora Margarita López Maya, quien también participó en el evento, destacó la necesidad de “ceder” y “sacrificar” en las negociaciones entre Gobierno y oposición.

5.Órganos y procedimientos electorales imparciales: el expresidente del Instituto Federal Electoral de México durante la transición mexicana, José Woldenberg, señaló que en México lo primero que se hizo fue promover la igualdad de participación política de todas las organizaciones y partidos y crear una nueva instancia como un Tribunal Electoral para depurar y equilibrar las fuerzas.

“Por fortuna en Venezuela no se ha clausurado la vía electoral. Si se tuviera una normativa y una práctica electoral que llenara los requisitos de transparencia, participación, estoy convencido de que el mundo de la representación política sería otro y creo que allí hay una veta a explorar”, dijo.

¿Existe una transición en Venezuela?

El exministro chileno Sergio Bitar aclaró que en Venezuela no se ha producido una transición entendida esta como un cambio de Gobierno. Sin embargo, destacó que “se está empezando a dar una fórmula negociadora”.

Advirtió que la crisis política se agrava por el deterioro económico y que el cambio en la estructura productiva depende de cuán efectiva sea la negociación.

El foro también contó con la ponencia del historiador Ysrrael Camero; el coordinador del Proyecto Integridad Electoral Venezuela, Juan Manuel Trak y el economista Ronald Balza.

Camero afirmó que el Gobierno pasó de ser un autoritarismo competitivo a tornarse más autocrático “al no contar con el liderazgo carismático de Hugo Chávez, el fracaso socioeconómico, la pérdida del orden público y el derrumbe de la popularidad”.

Trak habló del rescate de la institucionalidad y de los valores políticos en el marco de un proyecto nacional común.

Mientras que Balza identificó los errores y las soluciones que deben tomarse en materia económica. “Hay grupos vulnerables que dependen del mantenimiento de los controles. Por otro lado habría que plantearse que tras el desmontaje de, por ejemplo, el control de precios, posiblemente la oferta no responda rápidamente por la quiebra de empresas y la falta de inversión que ha habido en los últimos años”.


Publicado en Efecto Cocuyo el 16 de julio de 2016.

Un poco de disciplina

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El militarismo no es nuevo en Venezuela. De hecho, representa lo más oscuro de nuestro pasado. En medio de una gran ola antipolítica y de la crisis de la democracia civil, el militarismo logró venderse como lo “nuevo” en 1998. Los últimos 18 años han signado el retorno de los militares al poder. Ministros, embajadores, cónsules, gobernadores, alcaldes, directores, coordinadores. A todos los niveles de la administración pública abundan las botas y charreteras.

Luego de la muerte del presidente Hugo Chávez, su sucesor, aunque civil, ha incrementado aun más la presencia militar en el gobierno. El militarismo es incompatible con la democracia y entre sus víctimas está la propia institución castrense, que se ve ultrajada y devaluada, como demuestran los estudios sobre percepciones ciudadanas, que evidencian una merma significativa en la confianza y valoración que tienen los venezolanos en la Fuerza Armada Nacional.

Esta semana, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (GMASS). Se trata de su última carta contra la “guerra económica”. A la cabeza, designó al ministro de la defensa, General Vladimir Padrino López, y ordenó que todos los demás ministerios deben responder directamente al General.

La GMASS se propone manejar la distribución de alimentos. A las acusaciones sobre la profundización de la militarización del gobierno y la sociedad, el general Padrino ha respondido que no se trata de militarismo, sino de “poner un poco de disciplina”. La medida, más allá de otorgar aun más control a los militares, está condenada al fracaso, al menos por dos razones: en primer lugar, porque parte de un diagnóstico terco y equivocado, el de la guerra económica; en segundo lugar, porque el gobierno no explica qué alimentos va a distribuir en un país en el que la producción fue destruida por las políticas económicas y la capacidad de importación de alimentos se vio diezmada por la disminución de ingresos petroleros y la grosera corrupción oficial. Junto a esta medida, el gobierno extendió el estado de excepción y decreto de emergencia económica, rechazado por la Asamblea Nacional. De nuevo, al militarismo no le gusta la democracia ni los controles civiles que esta impone. Con todo esto, han prometido, ahora, acabar con la crisis en seis meses. No han comprendido que la economía no es un cuartel y que la escasez no obedece órdenes, especialmente cuando el gobierno se cree infalible y es incapaz de rectificar los errores que nos condujeron a esta crisis en primer lugar…

“Un poco de disciplina”. Volver a esa frase del general Padrino es importante. El militarismo suele venderse con términos más atractivos: orden, mano dura y, por supuesto, disciplina. Pero un vistazo a los últimos dieciocho años dan cuenta de lo falaz de estos postulados. Lejos de promover el orden, el proyecto oficial ha dado rienda suelta a la anarquía. La “mano dura” ha sido incapaz de contener la criminalidad, que ha hecho de nuestras ciudades las más peligrosas del continente. ¿Y la disciplina? La mayor quimera.

¿Dónde ha estado la disciplina en la administración del presupuesto nacional? ¿Qué disciplina hubo en el derroche irresponsable de los mayores ingresos económicos de la historia de Venezuela? ¿Con cuál disciplina se combaten los hechos de corrupción que han desangrado al país y que son responsables de la crisis terrible que nos azota?

No, no es asunto de disciplina. Es asunto de poder. El militarismo avanza mientras el país colapsa, en un vano intento por sostener en el poder a un gobierno que perdió todo apoyo popular y que ve, ante su rotunda incapacidad, su única salvación detrás de los fusiles y bayonetas.


Publicado en PolítiKa UCAB el 15 de julio de 2016

La democratización del país requiere negociación y movilización de la sociedad

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Expertos nacionales e internacionales debatieron el jueves 14 de julio en el foro “¿Democratización? La Dinámica del Cambio Político en Venezuela”, acerca de la necesidad de buscar acuerdos a través de procesos de negociación para encontrar solución a los problemas del país.
En el evento organizado por el Centro de Estudio Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (CEP-UCAB) participaron tres especialistas internacionales: José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral de México durante la transición mexicana; Sergio Bitar, político e intelectual chileno, presidente del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia; y Abraham Lowenthal, primer director general de América del Centro Woodrow Wilson y fundador de Diálogo Interamericano, experto en transiciones democráticas.
Los tres coincidieron en que la principal característica de los procesos de transición de sistemas autoritarios hacia una mayor democracia es la movilización de la sociedad y una dinámica de negociación entre las distintas fuerzas políticas.
Woldenberg afirmó que el estudio de distintas experiencias demuestra que los cambios políticos que dejan atrás sistemas autoritarios “son procesos donde la movilización social y la negociación se conjugaron de manera virtuosa. Las negociaciones entre las fuerzas políticas no hubiesen ocurrido sin las protestas que, a su vez, se caracterizaron por ser pacíficas y dirigidas por una oposición que siempre tuvo como norte impulsar reformas para garantizar pluralidad política y participación”.
Lowenthal destacó que el estudio de nueve casos de transición en distintos países señala que “se trató de procesos donde fue clave la participación de distintos sectores de sociedad, los sindicatos, la Iglesia y el liderazgo político. En todos hubo el reto de cómo unificar las fuerzas de oposición y marginar a quienes podían descarrilar el proceso y, al mismo tiempo, inducir a las fuerzas del orden autoritario a aceptar los cambios”.
Bitar indicó que “no hay transición sin negociación” y refiriéndose a Venezuela explicó que es vital alcanzar acuerdos que permitan enfrentar la crisis económica que no desaparecería con un simple cambio de gobierno: “Se necesita un piso para que la economía pueda estabilizarse en un contexto donde habría que avanzar hacia una economía post petróleo. Para eso es necesario un diálogo importante”.
Woldenberg plantea que Venezuela es un régimen híbrido que combina una Constitución democrática con prácticas autoritarias y en este sentido “tiene puntos de similitud con regímenes como el mexicano donde fue fundamental plantear la necesidad de la imparcialidad de órganos y procedimientos electorales, condiciones equitativas en cuanto al financiamiento de los partidos políticos y acceso a los medios masivos de comunicación. Además, se evaluó la fórmula de traducción de votos a escaños”.
“Por fortuna en Venezuela no se ha clausurado la vía electoral. Si se tuviera una normativa y una práctica electoral que llenara los requisitos de transparencia, participación, estoy convencido de que el mundo de la representación política sería otro y creo que allí hay una veta a explorar”, dijo Woldenberg.
Los venezolanos frente a la democracia: entre la ilusión y el pragmatismo
El foro también contó con la participación de Daniel Fermín, sociólogo e investigador del Centro de Estudio Políticos de la UCAB, quien indicó que en el momento actual que vive Venezuela es necesario tener en cuenta que “las transiciones no dependen únicamente de acuerdos de élites, aunque estos sean necesarios, la movilización de la sociedad también es importante y la experiencia demuestra que debe tratarse de una movilización no violenta”.
Fermín, quien apuntó que la efectividad de la movilización pacífica de la población es 60% más efectiva que los métodos violentos, confronta el argumento de que no es posible enfrentar un régimen autoritario con métodos democráticos. “Es posible y es más efectivo porque esos cambios tienden a ser duraderos. Cuando los cambios se producen de manera violenta quedan resquemores y lo que se logra en términos de democratización se revierte muy fácilmente”
Juan Manuel Trak, coordinador del Proyecto Integridad Electoral Venezuela del CEP-UCAB, abordó un tema medular: ¿cuán demócratas son los venezolanos? La respuesta partió de una investigación realizada en 2014, que reveló que los venezolanos sentían poco respeto por las instituciones y manifestaban un bajo nivel de tolerancia a las diferencias políticas.
“Para los venezolanos, la democracia es vista como una vía para alcanzar la satisfacción de necesidades materiales; así que cualquier proceso de democratización debe pasar por el fortalecimiento de la efectividad las instituciones”, afirma Trak.
El historiador Ysrrael Camero afirmó que el Gobierno se ha tornado más autoritario “al no contar con el liderazgo carismático de Hugo Chávez, el fracaso socioeconómico, la pérdida del orden público y el derrumbe de la popularidad. Venezuela está en una encrucijada: hay unas fuerzas que promueven a la democratización, pero también hay fuerzas que tienden a la autocratización”.
La historiadora y profesora de la UCV, Margarita López Maya, denominó como “ilusión de la democracia” el período en el cual la renta petrolera permitió complacer a todos los sectores sociales sin necesidad de hacer sacrificios ni establecer consensos reales. Explicó que la crisis actual requiere que los distintos sectores de la sociedad tomen conciencia de que ya no hay renta petrolera para tapar las divergencias y por tanto todos tienen que hacer sacrificios para tener una sociedad más justa y con más libertades.
“Cuando uno está desesperado se aferra a cualquier mesías”, apunta López Maya a propósito de la progresiva militarización de la política nacional. “La democracia tiene su precio: o se compra la democracia o se compra otra cosa. Ya tenemos una experiencia lamentable encima y algo tenemos que aprender de ella; ya tuvimos una crisis similar y salimos buscando un líder carismático; ¿ahora vamos a salir a buscar otro líder igual a ver si nos repite la historia?”.
Ronald Balza, economista, destacó las debilidades que podría enfrentar el país al momento de iniciar una transición que implique cambios en el modelo actual. “Hay grupos vulnerables que dependen del mantenimiento de los controles. Por otro lado habría que plantearse que tras el desmontaje de, por ejemplo, el control de precios, posiblemente la oferta no responda rápidamente por la quiebra de empresas y la falta de inversión que ha habido en los últimos años”.
Entre la audiencia se encontraba el abogado y político Eduardo Fernández. Afirmó que no es posible tener un régimen democrático sin consenso. “Donde no hay diálogo no hay democracia. Aquí hay una creciente militarización y la formación militar es incompatible con la democracia; los militares son formados en el arte de dar y recibir órdenes y la democracia no es eso sino dialogar, promover consensos, entendimientos y tolerancia”.
El rector de la Universidad Católica Andrés Bello, s.j. José Virtuoso, explicó que este tipo de encuentros impulsan la búsqueda de fórmulas para “institucionalizar nuestra democracia, crear canales efectivos para la participación a través de reformas electorales, compaginar la democratización con la inclusión y devolver a los civiles a un papel preponderante en la sociedad”.

Publicado en RunRunes el 14 de julio de 2016.

Ponencia: Movilización popular y democratización (Video)

Expertos nacionales e internacionales debatieron el jueves 14 de julio en el foro “¿Democratización? La Dinámica del Cambio Político en Venezuela”, acerca de la necesidad de buscar acuerdos a través de procesos de negociación para encontrar solución a los problemas del país. Consulta las ponencias aquí.

Es tiempo para una Reforma Electoral

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Venezuela es un barril de pólvora. Todos los días hay protestas, intentos de saqueos, violencia. La crisis arrecia. Los venezolanos ya no comen tres veces al día. La jornada se va en una cola, en un ruleteo. La dignidad da paso a la necesidad. El gobierno, incapaz de resolver la situación por encontrarse entrampado en el dogma, la soberbia y lo turbio, apuesta por la represión. El tono es prepotente. Amenaza, persigue. Ya son muy pocos los que le tienen alguna fe. En la calle hay un pueblo expectante, viendo cómo es que vamos a salir de esta, y cuándo.

El día de ayer, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, convocó a los medios de comunicación. No era una rueda de prensa, sino una declaración, sin derecho a preguntas. Desde el momento de la convocatoria, corrieron los rumores: Anuncios sobre el referéndum revocatorio; noticias sobre las elecciones regionales. El país vio frustradas sus expectativas rápidamente. Ni una palabra sobre el revocatorio, que millones, incluso desde el oficialismo, ven como una válvula de escape. Ni un segundo sobre las regionales. La señora Lucena, lejos de cumplir con su rol, convocó a los medios para cantar sus penas.

Esta es solamente la más reciente acción de un CNE partidizado que busca, como sea, evitar que se realicen elecciones en Venezuela. La declaración de la señora Lucena, por lo que dijo, pero sobre todo por lo que no dijo, constituye un irrespeto al pueblo venezolano. De nuevo, queda de manifiesto la absoluta discrecionalidad de un Poder Electoral subordinado, que está muy lejos, no sólo de lo que quieren los venezolanos, sino de lo que ordena la Constitución.

¿Qué se le pide a las rectoras del CNE? Que hagan su trabajo, y que lo hagan como manda la Constitución. Ni más, ni menos. Esa exigencia es, para las rectoras, una ofensa. Y es que la disonancia es cada vez mayor entre las exigencias del pueblo, que quiere expresarse, y las de la cúpula del PSUV, que quiere aferrarse al poder y los privilegios. No se pueden servir a dos señores, y las rectoras, en lugar de servir al pueblo de Venezuela, han decidido obedecer al sexto rector y al proyecto político al que deben todo, empezando por sus cargos…

Las constantes burlas del Consejo Nacional Electoral nos convencen cada vez más de la necesidad de que la Asamblea Nacional discuta y apruebe urgentemente una Reforma Electoral. Desde hace meses, los diputados tienen en sus manos un proyecto presentado por un grupo amplio y diverso de venezolanos preocupados por la calidad del sistema electoral, en el que confluyen la Academia, la sociedad civil organizada y el mundo político. Es un proyecto de avanzada, para acabar con la discrecionalidad del CNE y otorgar reglas claras, transparencia e integridad a los procesos. La propuesta puede consultarse aquí.

Los venezolanos no confían en este CNE. Lo saben viciado, subordinado a intereses partidistas. Aun así, quieren votar porque quieren salir del atolladero por la vía pacífica, electoral, democrática y constitucional. Pero en esta dinámica del coyote y el correcaminos, se agota la paciencia de la gente. Hay temas, como la salud y la alimentación, que no pueden esperar. En la pobre actuación del CNE se juega la paz de la Nación.

Por eso urge actuar ahora. Si los venezolanos hemos de dirimir nuestras diferencias en paz, debemos hacerlo con reglas claras, para que en nuestras elecciones se respete la voluntad popular y no estemos sujetos al capricho de actores que, violando el cargo, cogen línea de Miraflores.

No faltará quien diga, con genuina preocupación, que no es el momento, que el país está en otras cosas. Pero viendo lo que ocurre con las regionales, con el revocatorio, en cada actuación del CNE, en cada declaración de sus rectoras, lo obvio es lo contrario: es tiempo para una reforma electoral. Para hacer las cosas bien solo hace falta voluntad. La pelota está en la cancha de los diputados de la Asamblea Nacional. Estamos seguros de que no defraudarán a los venezolanos que en ellos depositaron su confianza.


Publicado en PolítiKa UCAB el 8 de julio de 2016.

Dos maneras distintas de sobrevivir

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Sobrevivir se ha convertido en la misión más importante para los venezolanos. Busca sobrevivir la gente, haciendo frente a la peor crisis de la historia. Busca también sobrevivir el régimen, de cara al deslave de su base de apoyo y al riesgo claro, cuando no certeza inevitable, de perder el poder. Son dos maneras distintas de sobrevivir y pareciera que, entre ellas, son incompatibles. Quizás por esto las prioridades del gobierno están tan lejos de las prioridades del pueblo.

El gobierno ha sido explícito: Su objetivo inmediato es derrotar a la Asamblea Nacional. Así lo ha declarado el presidente Maduro. Derrotar la Asamblea para conservar el poder, desde luego. En este sentido, hemos venido insistiendo en una acción concertada, desde el poder, para levantar barricadas al cambio político. El esfuerzo ha sido sistemático, y apunta hacia impedir la activación del referéndum revocatorio presidencial. Pasados mil y un obstáculos, nacidos del capricho y la discrecionalidad, toca ahora esperar una nueva alcabala: la verificación de la validación. Para esta fase-trabalenguas, innecesaria por demás, el CNE se ha reservado 20 días hábiles. Voceros del régimen han exigido (¿ordenado?), además, que la siguiente etapa, la recolección de firmas de 20% del Registro Electoral, se realice en un solo día, y utilizando solo 20% de las máquinas disponibles. “No se la vamos a poner fácil”, es el argumento del diputado Diosdado Cabello, que no descansa en ninguna lógica constitucional ni jurídica, sino en el más primitivo instinto de supervivencia. Si hay revocatorio, lo saben, están perdidos.

Han ido más allá. Grupos oficialistas solicitan al Tribunal Supremo de Justicia repetir el proceso de recolección del 1% de las firmas, y voceros de la oposición dan crédito a versiones según las cuales el TSJ respondería a favor de esta petición. Otros grupos del gobierno acuden al máximo tribunal para pedir la “abolición” de la Asamblea Nacional. Voceros oficialistas llaman al despido de funcionarios públicos que hayan firmado contra el presidente Maduro, y ya se conocen casos en los que venezolanos han perdido becas y empleos por haber ejercido un derecho político básico.

La política internacional también apunta a la supervivencia, como bien ha desarrollado el profesor Víctor Mijares en otros espacios, y como evidencia la actuación de la diplomacia venezolana en distintos escenarios. Sobrevivir es el nombre del juego. ¿Para qué? Para llegar a 2017, para esperar un golpe de timón, algún imponderable en la economía mundial que mejore la situación para el régimen, de pronto un milagro que evite la salida del poder y el cese de los privilegios para un grupo que se ha enquistado y para el que es muy costoso abandonar ya Palacio…

No hay tarea de supervivencia mayor a la que emprende a diario el pueblo venezolano. Sobrevivir, para la gente, es algo muy distinto, y mucho más dramático, que para el régimen. Se trata de necesitar 15 salarios mínimos para cubrir una canasta básica que sobrepasa los Bs. 200.000; es sortear una caída de más de 70% en el ingreso, a causa de la inflación; es mantenerse a flote en un contexto en el que las empresas que quedan han reducido sus operaciones forzosamente en 80%. Protestas por comida, saqueos a diarios, Cumaná, Tucupita, Catia. Es la familia que necesita más de Bs. 300.000 al mes para pagar alimentos y servicios… y que no los tiene. Son más de 20 venezolanos presos por motivos políticos en lo que va de año, víctimas del atropello y el abuso de poder. Es esto y tanto más.

La condición, lejos de ser estática, empeora cada día. Cada vez el dinero alcanza menos, es más difícil conseguir productos y servicios, son más escasas las medicinas y los alimentos. Y el gobierno, lejos de ser el aliado de la gente, de echarle una mano, de generar condiciones que indiquen al menos una tenue luz al final del túnel, se convierte en la piedra de tranca para la supervivencia de la gente. Por eso, entre las prioridades del gobierno no están la escasez, ni la inseguridad, ni la promoción del desarrollo. Lo suyo, y han sido en eso muy claros, es conservar el poder y, con él, los privilegios de la que se ha convertido en una casta encumbrada de la sociedad.

Son dos maneras distintas de sobrevivir y, aunque no tendría por qué ser así, las acciones del gobierno las han hecho mutuamente excluyentes. Para que sobreviva el pueblo, no puede sobrevivir este gobierno, pues es el causante directo de la crisis y de las penurias tan graves que vive hoy todo un país. Si alguna vez existió la posibilidad de plantear cambios en el gobierno como alternativa de salida a la crisis, la realidad muestra, cada vez más, que superar esta situación y salir adelante solo será posible, en primera instancia, con un cambio de gobierno.


Publicado en PolítiKa UCAB el 1 de julio de 2016.

Boycott, conflict and change: Can Venezuela’s president be unseated peacefully?

Venezuelans want to resolve the ‘dangerous’ crisis in their country in a peaceful, democratic, constitutional and electoral manner. Will President Maduro’s regime continue to boycott that possibility? 

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On December 6, 2015, the Venezuelan opposition won control of the National Assembly (AN) for the first time since chavismo rose to power, 17 years ago. In a landslide victory, the Democratic Unity Roundtable (MUD) achieved 112 of the 167 seats in Parliament. It was truly an unprecedented event that goes beyond the normal implications of a political power shift.

To understand the magnitude of this occurrence, we must refer to the political structure in revolutionary Venezuela. In 1998, Hugo Chávez won the presidency promoting his Bolivarian Revolution, which in 2006 he labeled as Socialist. A new constitution was drafted, that saw the classical three-branch model of government extended to five. Thus, Venezuela is now divided in the Executive, Legislative, Judicial, Moral and Electoral branches.

In practical terms, however, these distinctions mattered little. Chávez’s power, cemented on charisma and oil prices over $100 per barrel, extended to his control over all five branches of government. More so, revolutionary officials began referring to the democratic principle of separation of power as counterproductive to the consolidation of the revolutionary system. Such was the case of Luisa Estela Morales, former Chief Justice of Venezuela, who in 2009 declared that separation of powers weakened the state.

For 17 years, the Venezuelan parliament was perfectly aligned with the executive, and the case could be made that it was subservient to it. That is the key to understanding why the MUD’s triumph was so significant in changing the political landscape in Venezuela. Can a weakened chavismo govern without a docile congress?

The aftermath of December 6 has been characterized by a systematic attack on the National Assembly by the socialist regime and its institutions. The Supreme Tribunal of Justice (TSJ) has been the go-to institution to neutralize the constitutional powers of the assembly. Popular support is at an all-time low, but chavismo had planned for this ahead of time. Two months before the legislative elections, and violating several constitutional provisions, the then government-controlled National Assembly led a speedy and irregular process to appoint new, party loyal, justices to the TSJ.

The actions of the Supreme Tribunal have constituted a true boycott of the National Assembly in favor of the executive power.  In six months the tribunal has:

– stopped three congressmen from the indigenous Amazonas state from swearing in, preventing the opposition from exercising its supermajority
– declared numerous bills passed by the new AN as unconstitutional, including an amnesty law intended to free political prisoners and a law to give homes to beneficiaries of government housing programs
– approved special powers for the president, over the AN’s negative decisions
– limited the assembly’s constitutional task of controlling the government, by excluding the other branches and the Armed Forces from being subject to interpellation from the assembly.

The strategy seems to aim in two directions: The first one, to render the assembly useless, both in practical terms as well as in the eyes of the Venezuelan citizens. This has been a recurrent practice of the regime. In 2013, when the opposition won the Metropolitan Mayoralty of Caracas, the executive drastically reduced its competences, awarding them to a new, non-elected office, created for the occasion, known as the Head of Government of Caracas, directly appointed by the president. When government forces failed to oust former opposition presidential candidate Henrique Capriles as Governor of Miranda state, a new ‘protectorship’ of the state, named Corpomiranda, was granted to the losing candidate, with a higher budget than the elected — and constitutional — office of Governor.

The second direction is to make the opposition-controlled National Assembly seem co-responsible for the severe crisis in Venezuela. In the months after the election, government campaigns have often cited the fact that, despite its electoral promises, the opposition hasn’t been able to turn the situation around, even though they are now ‘in power’. This is, of course, misleading, as the National Assembly does not have the competences to dictate changes in government policies and the bills passed in that direction have been boycotted by the TSJ.

The opposition had run its campaign on two main issues: the economic crisis and political change, specifically change of government. With its legislative initiatives repeatedly shut down by the TSJ, the assembly focused on constitutional alternatives to remove President Nicolás Maduro from power. After pondering different mechanisms, such as a constitutional amendment to shorten Maduro’s term, and the president’s resignation, the opposition settled on a Recall Referendum. This has been met by, again, many obstacles, coming from the TSJ and now, also, from the National Electoral Council (CNE), controlled by the regime. The process to activate the referendum has been severely stalled by new, discretionary steps and regulations, in an effort to avoid an election that Maduro would surely lose, according to the polls.

How did we get here? The nature of the Venezuelan crisis

But how did chavismo, an electoral powerhouse that easily won the vast majority of all elections in the last 17 years, end up in this situation, evading a new vote at all costs? The answer lies in the collapse of the economic model promoted by the regime and the severe crisis it generated. The Venezuelan socialist economy relied exclusively on oil exports and sustained high oil prices. In 17 years, chavismo failed to diversify the economy, and instead saw thousands of industries and businesses close as the state increased its hold on the economic sector, relying on imports instead of national production. Chávez’s death coincided with the end of the latest oil price boom, and Mr. Maduro was left with a bill he couldn’t pay.

The Venezuelan crisis is the worst in the country’s history. According to a recent poll carried out by the Center for Political Studies at Andrés Bello Catholic University, 86% of Venezuelans perceive the situation as being negative. 62% think it will only get worse in the next twelve months. The main concerns are food and medicine scarcity and rising crime rates. Venezuelans have grown accustomed to long queues in order to access the most basic needs, the majority of which they can’t find, even after spending hours in line. Over 60% of the population blames the government and the president directly for the crisis, and while 51% say they trust the National Assembly, only 26% claim to have any in the president.

The regime’s support has eroded, even among chavistas, with over half of them claiming to be followers of the late Chávez, but not of Maduro. According to a study by Venebarómetro, 68% of Venezuelans want elections to remove Maduro from power and 61% think he should resign. In regards to a Recall Referendum, this poll shows that Maduro would lose 60% to 28%. As for the actions of the Supreme Tribunal, 40% believe its actions constitute a direct boycott of the National Assembly, and an additional 22% expressly indicate that the TSJ acts on behalf of the president.

Poverty has risen to 48%, according to official data. Comparatively, it stood at 45% in pre-Chávez 1998. According to other estimates, calculated by the three most renowned Venezuelan universities, poverty has shot up to 70% of the population. The Venezuelan Observatory of Social Conflict registers 21 street protests a day, most of them having to do with food scarcity, social matters and the collapse of public services such as electricity and water, both controlled by the state. International reserves stand barely at $12 million and inflation has been calculated to be at anywhere from 300% to 1000% by the end of 2016. Jobs, infrastructure, quality of life have all deteriorated.

Where we’re at and what lies ahead

2016 has been a year of crisis and conflict in Venezuela. Institutionally, we bear witness to a clash between branches of government. One, the National Assembly, aspiring to control the government and push for political change. The other four, along with the ever-present Armed Forces, dead-set on defending the status quo and weathering the storm.

The regime is finding it more and more difficult to outright stop a Recall Referendum by the opposition, as the MUD has overcome every obstacle thrown its way and complied with all the steps required to activate this constitutional mechanism. Therefore, the Bolivarian government has its sights set on deferring the referendum to 2017. The reason being that Venezuelan laws indicate if Maduro were to be recalled before 2017, elections would have to be held within 30 days to choose a new president. However, if the referendum were to take place after January 10, 2017, then no new elections would take place, and the vice-president would assume office for the remainder of the term, until 2019. This would keep chavismo in power regardless of the electoral results. Former assembly president and government party strongman, Diosdado Cabello, has already explained a formula to bring Maduro back to power, should he lose the referendum: The recall would take place in 2017, and whoever is vice-president would then assume the presidency, appoint Maduro vice-president, and resign, resulting in Maduro being, once again, president. This is blatantly undemocratic and constitutes a mockery out of the spirit of the constitution, but it’s also the logic and framework chavismo is working with.

Meanwhile, the crisis deepens. Scarcity is everywhere, and not even the black market can supply Venezuelans with basic products and services. Crime is up; looting of food and supplies is up, with over 254 cases in the first five months of 2016. Violent backlash by police and military forces against peaceful demonstrations is increasing, with several wounded and at least three deaths in separate incidents in the last week. The institutional conflict between the National Assembly and the regime-controlled branches of power is also reaching dangerous levels, with opposition members of Congress being violently attacked on several occasions not only by military and police forces, but also by paramilitary armed groups that support the government, calledcolectivos, as the president threatens to indict the members of the assembly for treason for asking for the right to speak at the Organization of American States.

Many ask if Venezuela is going through a transition. One would have to question where to. At this time, it is unclear if Venezuela is transitioning from a hybrid regime to a more autocratic one, or if this is a slow and difficult transition to democracy.

Many challenges lie ahead, for the National Assembly and for Venezuelan democracy in general. The first and most important one is resolving the economic crisis and, especially, finding ways to do so without shock measures that would greatly affect the majority of Venezuelans who live in poverty. The rebuilding of effective and responsive democratic institutions, guided by clear rules and law, is another major challenge, as is the reconstruction of the political community in a country where government and opposition parties have no relations at all and refuse to sit down with one another.

Venezuela is in turmoil, and Venezuelans want change. Over 98% of Venezuelans, according to UCAB’s study, value elections as the preferred means to achieve that change. Venezuelans want to resolve the crisis in a peaceful, democratic, constitutional and electoral manner. Will the regime continue to boycott that possibility? If so, what can we expect in a country where social tensions rise every day as the government seems incapable of satisfying its citizen’s demands? What role will the National Assembly have in this process, and will it finally find a way to exert its clear majority? In all, it is a very dangerous scenario, in which, today, we have more questions than answers.


This article is published in association with the Westminster Foundation for Democracy, which is seeking to contribute to public knowledge about effective democracy-strengthening by leading a discussion on openDemocracy about what approaches work best. Views expressed herein do not necessarily reflect those of WFD. WFD’s programmes bring together parliamentary and political party expertise to help developing countries and countries transitioning to democracy.


Publicado en Open Democracy el 30 de junio de 2016.

Boicot, conflicto y cambio. ¿Podrá Venezuela destituir pacíficamente a su presidente?

Asistimos a  un ataque sistemático a la Asamblea Nacional por parte del régimen del presidente Nicolás Maduro y sus instituciones.  La tensión insoportable obliga a negociar una salida electoral.

 

El 6 de diciembre de 2015, la oposición venezolana ganó el control de la Asamblea Nacional por primera vez desde que el chavismo tomó el poder, hace 17 años.  En una victoria abrumadora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró 112 de los 167 escaños del Parlamento. Fue, a todas luces, un evento inédito que va más allá de las implicaciones normales de un cambio en las relaciones de poder.

Para comprender mejor la magnitud de este acontecimiento, debemos referirnos a la estructura política de la Venezuela revolucionaria. En 1998, Hugo Chávez ganó la presidencia promoviendo su Revolución Bolivariana, la cual, en 2006, denominó socialista. Se redactó una nueva Constitución, que vio el modelo clásico de tres poderes extenderse a cinco. De esta manera, Venezuela está hoy dividida en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral y Electoral.

En términos prácticos, sin embargo, estas distinciones importaban poco. El poder del señor Chávez, cementado en el carisma y en precios sostenidos del petróleo sobre los $100 el barril, se extendía a su control sobre las cinco ramas del gobierno. Mas aún, los funcionarios revolucionarios comenzaron a referirse al principio democrático de separación de los poderes como contraproducente a la consolidación del sistema revolucionario. Tal fue el caso de la señora Luisa Estela Morales, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, quien en 2009 declaró que la separación de poderes debilitaba al Estado.

Durante 17 años el Parlamento venezolano estuvo perfectamente alineado con el Ejecutivo, y se puede hacer el caso de que estaba subordinado a éste. Esa es la clave para entender por qué el triunfo de la MUD fue tan significativo para el cambio del panorama político en Venezuela. ¿Puede un chavismo debilitado gobernar sin un Congreso dócil?

Las secuelas del 6 de diciembre se han caracterizado por un ataque sistemático a la Asamblea Nacional por parte del régimen socialista y sus instituciones. En particular, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido la instancia por excelencia para neutralizar los poderes constitucionales de la AN. Con su apoyo popular en bajos históricos, el chavismo había previsto esto con antelación. Por esta razón, dos meses antes de las elecciones legislativas, y violando varias provisiones constitucionales, la Asamblea Nacional, entonces controlada por el gobierno, llevó a cabo un proceso rápido e irregular para designar nuevos magistrados al TSJ, leales al partido oficial.

Las acciones del Tribunal Supremo de Justicia han constituido un verdadero boicot de la Asamblea Nacional a favor del poder Ejecutivo. En seis meses, el TSJ ha impedido la incorporación de tres diputados del estado indígena de Amazonas, evitando así que la oposición pueda ejercer su mayoría absoluta en el Parlamento; ha declarado inconstitucionales una larga lista de leyes promovidas por la AN, incluyendo una Ley de Amnistía y Reconciliación para liberar a los presos políticos y una Ley que da acceso a la propiedad a los beneficiarios de la política de viviendas del gobierno; ha aprobado poderes especiales al presidente, a pesar de la negativa de la AN; y ha limitado la tarea constitucional de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno, excluyendo a los demás poderes y a la Fuerza Armada Nacional de ser sujetos de interpelación política por parte de la AN.

La estrategia parece ir orientada en dos direcciones: La primera, convertir a la AN en un cuerpo inútil, tanto en términos prácticos como en la opinión de los venezolanos. Esta ha sido una práctica recurrente del régimen. En 2013, cuando la oposición ganó la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el Ejecutivo redujo drásticamente sus competencias, otorgándoselas a una nueva institución, no electa, creada para la ocasión, conocida como la Jefatura de Gobierno de Caracas, designada directamente por el presidente. Cuando las fuerzas del gobierno no pudieron derrotar al ex candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, en las elecciones a la gobernación del estado Miranda, otorgaron un “Protectorado” del estado, llamado Corpomiranda, al candidato perdedor, con mayor presupuesto que la instancia electa, y constitucional, de la gobernación. La segunda dirección es hacer ver a la Asamblea Nacional opositora como corresponsable de la severa crisis en Venezuela. En los meses siguientes a la elección, las campañas del gobierno han citado el hecho de que, a pesar de sus promesas electorales, la oposición no ha podido solventar la situación, aun cuando ahora “tiene el poder”.  Esto, por supuesto, es engañoso, ya que la Asamblea Nacional no tiene las competencias para dictar cambios en las políticas gubernamentales y los proyectos de ley que ha adelantado en ese sentido han sido boicoteados por el TSJ.

La oposición había basado su campaña en dos temas principales: la crisis económica y el cambio político, específicamente el cambio de gobierno. Con sus iniciativas legislativas reiteradamente bloqueadas por el Tribunal Supremo, la AN se enfocó en las alternativas constitucionales para remover al presidente Nicolás Maduro del poder. Luego de considerar varios mecanismos, como una enmienda constitucional para acortar el mandato del señor Maduro y la renuncia del presidente, la oposición se decidió por el Referéndum Revocatorio. Esto, de igual manera, ha sido recibido con una serie de obstáculos provenientes del TSJ y ahora, también, del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen. El proceso de activación del Referéndum ha sido gravemente retrasado por nuevas reglas y procedimientos discrecionales, en un esfuerzo por evitar una elección que el señor Maduro seguramente perdería, de acuerdo a las encuestas.

¿Cómo llegamos hasta aquí? La naturaleza de la crisis venezolana

¿Cómo el chavismo, una fuerza electoral que ganó fácilmente la gran mayoría de todos los procesos de los últimos 17 años, terminó en esta situación, evadiendo una nueva elección por todos los medios? La respuesta se encuentra en el colapso del modelo económico promovido por el régimen y la severa crisis que este generó. La economía venezolana socialista dependió exclusivamente de la exportación petrolera y los altos precios del petróleo. En 17 años, el chavismo fracasó en diversificar la economía y, por el contrario, asistió al cierre de miles de industrias y empresas mientras el Estado incrementaba su control sobre el sector económico, apoyándose en las importaciones en lugar de la producción nacional. La muerte del señor Chávez coincidió con el fin del último boom petrolero, dejándole al señor Maduro la cuenta, una que no podía pagar.

La crisis venezolana es la peor en la historia del país. El 86% de los venezolanos, de acuerdo a una investigación reciente del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), tiene una percepción negativa de la situación. 62% piensa que será igual o peor en los próximos doce meses. Los problemas principales tienen que ver con la escasez de alimentos y medicinas y la creciente criminalidad. Los venezolanos se han acostumbrado a realizar largas filas para poder acceder a los bienes y servicios más básicos y la mayoría de las veces no logran encontrarlos, a pesar de pasar largas horas en cola. Más de 60% de la población culpa al gobierno y al presidente directamente por la crisis, y mientras 51% confía en la Asamblea Nacional, apenas 26% dice tener alguna confianza en el presidente.

El apoyo del régimen se ha erosionado, incluso entre los chavistas. Más de la mitad de este sector se considera chavista pero “no madurista”.  De acuerdo a un estudio de Venebarómetro, 68% de los venezolanos quiere elecciones para remover al señor Maduro del poder y 61% piensa que debe renunciar. Con respecto a un Referéndum Revocatorio, esta encuesta muestra que el señor Maduro perdería la elección 60% a 28%.  En cuanto a las acciones del Tribunal Supremo de Justicia, 40% considera que sus acciones constituyen un boicot directo a la Asamblea Nacional, y un 22% adicional indica expresamente que el TSJ actúa en nombre del presidente.

La pobreza ha aumentado a 48%, de acuerdo a las cifras oficiales. Comparativamente, la pobreza se ubicaba en 45% en 1998, antes de la llegada de Chávez al poder. Otras estimaciones, llevadas a cabo por las tres universidades más prestigiosas de Venezuela, ubican a la pobreza sobre el 70%. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registra un promedio de 21 protestas diarias, la mayoría de ellas relacionadas a la escasez de comida, asuntos sociales y el colapso de los servicios públicos como la electricidad y el agua, ambos controlados por el Estado. Las reservas internacionales se ubican en apenas $12.000 millones y la inflación ha sido calculada, para el cierre de 2016, entre 300% y 1000%. El empleo, la infraestructura y la calidad de vida se han deteriorado.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

2016 ha sido un año de crisis y conflicto en Venezuela. Institucionalmente, presenciamos una lucha entre poderes. Uno, la Asamblea Nacional, que aspira controlar al gobierno y promover el cambio político. Los otros cuatro, junto a la siempre presente Fuerza Armada, empeñados en defender el status quo y sortear la tormenta.

Al régimen se le hace cada vez más difícil impedir el Referéndum Revocatorio convocado por la oposición, ya que la MUD ha superado los obstáculos y cumplido con todos los pasos para activar este mecanismo constitucional. De este modo, el gobierno bolivariano se ha propuesto diferir el Referéndum hasta 2017. La razón está en que las leyes venezolanas indican que si el señor Maduro fuese revocado antes de 2017, tendría que llamarse a nuevas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días. Sin embargo, si el Referéndum ocurriese después del 10 de enero de 2017, no habría una nueva elección, sino que el vicepresidente de la República asumiría el cargo por el resto del mandato, hasta 2019. Esto mantendría al chavismo en el poder, independientemente del resultado electoral. El ex presidente de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del partido de gobierno, Diosdado Cabello, ya ha propuesto una fórmula para devolver el poder al señor Maduro, si perdiera el revocatorio: El Referéndum se daría en 2017, y el vicepresidente asumiría la presidencia, designaría al señor Maduro como vicepresidente y renunciaría, permitiendo al señor Maduro asumir, nuevamente, la presidencia. Esto es evidentemente antidemocrático y constituye una burla al espíritu de la Constitución, pero también es la lógica y el marco conceptual en el que se está moviendo el chavismo.

Mientras tanto, la crisis empeora. La escasez todo lo cubre, y ni siquiera el mercado negro puede proveer a los venezolanos los bienes y servicios básicos. La inseguridad aumenta, aumentan también los saqueos de alimentos y suministros, con más de 254 casos registrados en los primeros cinco meses de 2016. La represión violenta de las protestas pacíficas por parte de las fuerzas militares y policiales está incrementando, con varios lesionados y al menos tres fallecidos en distintos incidentes en la última semana. El conflicto institucional entre la Asamblea Nacional y los poderes controlados por el régimen también escalan a niveles peligrosos, con diputados opositores siendo atacados violentamente, no sólo por fuerzas militares y policiales, sino también por grupos armados paramilitares que apoyan al gobierno, conocidos como “colectivos”, mientras el presidente amenaza con juzgar a los miembros de la Asamblea Nacional por traición a la patria por solicitar un derecho de palabra ante la Organización de Estados Americanos.

Muchos preguntan si Venezuela está atravesando una transición. Habría que preguntarse hacia dónde.  En este momento, no está claro si en Venezuela hay una transición desde un régimen híbrido hacia uno más autocrático, o si se adelanta una lenta y difícil transición hacia la democracia.

Son muchos los retos por delante para la Asamblea Nacional y la democracia venezolana en general. El primero y el más importante es brindar solución a la crisis económica y, especialmente, encontrar maneras para hacerlo sin medidas de choque que afectarían considerablemente a la mayoría de venezolanos que vive en la pobreza. La reconstrucción de instituciones democráticas efectivas y responsivas es otro gran desafío, como lo es también la recomposición de la comunidad política en un país en el que gobierno y oposición no se hablan y se niegan a sentarse en la misma mesa.

Venezuela se encuentra en un estado de convulsión social y los venezolanos aspiran a un cambio. Más de 98% de los venezolanos, de acuerdo al estudio de la UCAB, valoran las elecciones como el mecanismo predilecto para lograr ese cambio. Los venezolanos quieren resolver la crisis de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral. ¿Podrá el régimen boicotear esa posibilidad? Y si lo hace, ¿Qué podemos espera en un país en el que las tensiones sociales crecen cada día mientras el gobierno parece incapaz de satisfacer las demandas ciudadanas? ¿Qué rol tendrá la Asamblea Nacional en este proceso, y podrá finalmente encontrar la manera de ejercer su clara mayoría? En definitiva, estamos ante un escenario muy comprometido, en el que hoy tenemos más preguntas que respuestas…