La ilegalización de los partidos

No fueron los adecos, tampoco los copeyanos. El Partido Comunista de Venezuela, fundado en 1931, va a terminar siendo ilegalizado por el gobierno revolucionario y socialista de Nicolás Maduro, su socio en la coalición conocida como Gran Polo Patriótico. No ha habido un quiebre oficial, más allá de que el PCV ha sido crítico de algunas medidas del gobierno de Maduro, pero el régimen está demostrando que está dispuesto a llevarse en los cachos incluso a sus aliados en su tarea de desaparecer a la disidencia.

El Consejo Nacional Electoral, siguiendo la pauta del Tribunal Supremo de Justicia, ha dado a conocer algunos detalles de un proceso de renovación de partidos políticos que promete ser una carnicería. Más allá del mito del bipartidismo, nuestro sistema político siempre ha estado caracterizado por la existencia de múltiples organizaciones políticas. Sí, durante la democracia civil predominaron Acción Democrática y COPEI, pero no es posible comprender ni analizar el período 1958-1998 sin considerar al MAS, o al MEP, PCV, Convergencia, Liga Socialista, URD, La Causa R, y pare usted de contar. Esto, sin entrar al detalle de los distintos partidos de alcance regional, cuya importancia explotó a partir de la descentralización emprendida en 1989. Lo mismo puede decirse del período 1999-2016. No es posible reducir el juego político a dos partidos. No hay manera de aproximarse al hecho político y electoral sin considerar los aportes del PPT, Podemos, Tupamaro, UPV, etc., por el lado del gobierno; y de las identidades diferenciadas de Primero Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, entre otros, en la oposición. Además de esto, los partidos independientes, no alineados en la dinámica polarizada, también representan un mundo variopinto para la representación de otros sectores.

Muchos critican y han criticado este modelo. Que solo debería haber dos partidos, simplifican algunos. Que hay partidos de maletín, impulsados por mercaderes inescrupulosos que hacen su agosto en cada elección, denuncian otros. ¿Es necesaria una depuración de los partidos? Vamos por partes. En primer lugar, lo fundamental es el respeto a la Constitución, que en su artículo 67 garantiza el derecho a la libre asociación política y democrática. Un sistema de dos partidos puede funcionar en el imaginario de la sobresimplificación, pero no se corresponde a la realidad de la sociología política venezolana. Esquemas en los que dos partidos han sido los únicos reconocidos legalmente han existido –y fracasado– en la región. ¿Hay partidos de maletín? Sería ingenuo negarlo y justamente por esa razón es importante que los procesos de renovación de militancia se hagan con un criterio ajustado al espíritu de la Constitución y las leyes. Sin embargo, este proceso de legalización (o ilegalización) de los partidos, lejos de responder incluso a algún fetiche burocrático, responde a la intención deliberada de restringir la participación, en línea con la autocratización del régimen de Maduro, que transita el rumbo de un autoritarismo competitivo a uno de carácter hegemónico.

El proceso de ilegazación de partidos, si bien apunta a la cabeza de las organizaciones de oposición, ha despertado gran malestar en las filas oficialistas. El PCV, el más longevo de los partidos venezolanos, ha anunciado que no va a participar. Otros partidos de la alianza oficialista han ido más allá, declarando que operarán en la clandestinidad e, incluso, que apelarán por la capucha o las armas. En la MUD, para variar, no hay una postura unitaria. Mientras que algunos partidos se muestran confiados ante el desafío de un proceso nada claro y totalmente discrecional, otros han manifestado contundentemente su rechazo y dicen que no participarán.

En definitiva, el proceso de renovación de partidos, tal y como está planteado, supone una amenaza a la existencia del pluralismo político en Venezuela. Además, atenta directamente contra el derecho a la asociación establecido en la Constitución y, en la misma línea, atenta contra los derechos de participación del pueblo venezolano. Es un proceso organizado para la ilegalización, no para la legalización, y que debe alarmar a todos los demócratas de Venezuela.

Sí, hay una crisis de representación que impacta de manera negativa a nuestros partidos. Pero, aunque sea cliché, también es verdad: no hay democracia sin partidos. A nuestras organizaciones políticas hay que renovarlas, fortalecerlas, nutrirlas; no desaparecerlas. Ese es hoy el anhelo del régimen autoritario. Ese es hoy el desafío, uno de tantos, de la comunidad política.


Publicado en PolítiKa UCAB el 24 de febrero de 2017.

La revolución de las miserias

La coyuntura nos tiene de noticia en noticia. Los señalamientos –gravísimos– al vicepresidente por narcotráfico y terrorismo, la salida del aire de la cadena CNN producto de la censura oficial, la visita a la Casa Blanca de personeros de la oposición y la posterior declaración pública de Washington sobre Venezuela. No es para menos: pasa de todo y no hemos terminado de digerir la última noticia cuando ya hay otra nueva, peor, más increíble. Pero en ese trance permanente, a veces perdemos de vista los problemas estructurales, los que yacen tras 18 años de una revolución que, habiendo prometido acabar con la pobreza, hoy ha multiplicado la cantidad de pobres en todo el país.

Se han presentado los resultados de la última Encuesta sobre Condiciones de Vida, un esfuerzo que, desde hace algunos años, adelantan en conjunto la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. La situación es trágica. 81,2% de los venezolanos, de acuerdo a este estudio, viven en la pobreza. Es una cifra que aturde, nunca vista desde la modernización de Venezuela. Hay que recordar que en 1998 cifras oficiales ubicaban la pobreza en 45% y que en 2014 esas cifras, también oficiales, ascendían a 48%. Lejos de las reivindicaciones cacareadas, esta ha sido una revolución de las miserias, en la que miles de familias venezolanas se enfrentan hoy, como nunca antes, a vivir en las más terribles circunstancias.

Si bien la superación de la pobreza es nuestro mayor reto como sociedad, los datos de la ENCOVI muestran que no es, ni remotamente, nuestra única causa de alarma. La seguridad sigue siendo un problema medular, sobre todo para los jóvenes. 76% de las 28.479 personas asesinadas en 2016 era menor de 35 años.

En la alimentación, vemos la misma película. Más de 74% de la población manifestó haber perdido casi 9 kilos en el último año y 86% admitió alimentarse a lo sumo dos veces al día. Y luego, algo que comienza a aparecer: 4% de los entrevistados que admiten padecer de desnutrición.

También en lo educativo los hallazgos son parcos y, de nuevo, son los más jóvenes los que pagan los errores y fracasos de la revolución: apenas 1 de cada 5 venezolanos entre 18 y 24 años del quintil más pobre tiene acceso a la educación, y esto se reproduce en los niños entre 3 y 5 años, donde, entre el quintil más pobre, la mitad no posee acceso al sistema educativo.

De modo que, 18 años después, ¿Qué fue de la revolución? ¿Qué hay luego de la mayor entrada de renta petrolera en la historia de Venezuela? ¿Qué legado dejó un sistema que tuvo todos los recursos y que gozó del control de todos los poderes y el favor popular? Lo que está a la vista no necesita anteojos: los venezolanos escarban de la basura para poder comer entre la resaca que dejó el fin del último espejismo petrolero y el festín de saqueo y rapiña que le acompañó.

Venezuela es hoy el país de la inequidad, de la pobreza, la malnutrición y la violencia. El país del “no hay”, de la anomia y la erosión del vínculo, de la crisis de confianza y de valores. Todo esto es el legado, todo esto el desafío de los venezolanos de hoy en la construcción de la Nación del mañana. Y es que hará falta el esfuerzo y la participación de todos los patriotas genuinos para lograr salir de esta, la revolución de las miserias.


Publicado en PolítiKa UCAB el 17 de febrero de 2017.

Democracia suspendida

Apareció el CNE. No para convocar a elecciones, como esperaba el país democrático, sino para anunciar que los comicios pendientes, específicamente las regionales, se encuentran suspendidos. Esto se debe, según la rectora Tania D’Amelio, al proceso de renovación de partidos políticos que, como expresamos en un comunicado junto a siete organizaciones de la Sociedad Civil venezolana, atenta contra los derechos políticos de la ciudadanía.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, prometió el año pasado la realización de las elecciones de gobernadores y diputados a los Consejos Legislativos para el primer semestre de 2017. Es importante recordar que el mandato de los gobernadores en ejercicio venció el 16 de diciembre de 2016, con lo cual la omisión del Poder Electoral extendió el período de estos funcionarios de manera inconstitucional.

Con el anuncio de la rectora D’Amelio, esta promesa es prácticamente imposible de cumplir, ya que, según el cronograma del organismo electoral, la renovación de partidos culmina el 21 de junio, finalizando ya el primer semestre del año. Esto no es inocente, ni puede achacarse la interrupción de las elecciones a un fetiche burocrático. Se trata, en cambio, de la continuación de una política enmarcada en la autocratización del régimen de Nicolás Maduro, para quien las elecciones no sirven ya ningún propósito, al encontrarse, él y el partido que representa, en franca minoría.

Más que las elecciones, en Venezuela hoy está suspendida la democracia. El régimen chavista, que fulminó la separación de poderes, el reconocimiento del contrario, el respeto a las minorías y la institucionalidad democrática en la promoción de su proyecto autoritario, militarista y de culto a la personalidad, entró en dictadura franca desde el 20 de octubre de 2016, cuando ilegalmente eliminó la posibilidad de un referéndum revocatorio al mandato del presidente. Desde entonces, su desprecio por lo electoral es patente, como también lo es su intención de estrechar los mecanismos de control, no solo sobre el mundo político, sino sobre la vida cotidiana y la dinámica social toda.

La Asamblea Nacional, los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Estos son todos pilares de las democracias contemporáneas, pero en Venezuela, seguramente por esa razón, son blancos de represión, persecución y desconocimiento por parte del gobierno nacional. Lo mismo con las elecciones. El gobierno más impopular de nuestra historia pretende tachar de fetiche burgués a lo más elemental de la vida democrática, mientras habla en nombre de un “pueblo” que sueña todos los días con verlos fuera del poder.

El régimen de Maduro no podrá recobrar ya el favor popular, ha pasado el punto de no retorno. De modo que la recuperación de la democracia no vendrá de la mano de un gobierno que hoy la suspende, sino de los ciudadanos hambrientos de cambio y que aspiran vivir en un país en el que no solamente haya comida y seguridad, sino en el que reine la libertad y las posibilidades que solamente ella puede procurar.

La defensa de Venezuela y de su democracia vendrá de los venezolanos. Por eso, hoy urge, más que nunca, la participación cívica de cada mujer y hombre patriota para exigir, en todos los espacios posibles, el respeto a la Constitución, la convocatoria a elecciones y, con ellas, la recuperación de una democracia que conduzca al progreso de todos.


Publicado en PolítiKa UCAB el 10 de febrero de 2017.

Junta reestructuradora de la MUD genera rechazo en partidos minoritarios

JOSÉ GREGORIO MEZA | JGMEZA@EL-NACIONAL.COM

08 DE FEBRERO DE 2017 

Nombrar una junta de reestructuración. Después de tres meses de dimes y diretes, a ese acuerdo llegaron los nueve partidos mayoritarios pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática, agrupados en lo que han dado por llamar el G-9. En principio, ya no solo deciden Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, sino que ahora se suman Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Avanzada Progresista y Movimiento Progresista de Venezuela.

Desde el CEN de AD, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, hizo el anuncio. A su lado estaban sentados Delsa Solórzano, diputada por Un Nuevo Tiempo, y Luis Ignacio Guédez, secretario general de La Causa R.

“Después de evaluar el desempeño en 2016 puedo decir que la unidad toma las medidas necesarias para permitir que una junta reestructuradora busque los consensos y, en plazo breve que no debe exceder una semana, tome decisiones sobre el nuevo gobierno de la MUD”.

El nuevo equipo está integrado por Jesús Torrealba, quien lo preside; Luis Ignacio Guédez, Enrique Márquez, presidente de Un Nuevo Tiempo, y Juan Carlos Caldera, diputado de Primero Justicia. Trabajarán en tres puntos: un nuevo reglamento que defina una metodología para lograr consensos y definir una estrategia de lucha, una nueva hoja de ruta y una nueva estructura ejecutiva. No está definido si Torrealba deja la Secretaría o si esta se amplía en una especie de vocería colegiada.

Torrealba habló de una crisis de crecimiento. Aseguró que era un planteamiento conjunto de toda la alianza. “Hay nuevas condiciones de lucha. Nosotros peleamos por restituir el derecho al voto: por las elecciones presidenciales y las que nos deben, las regionales y las municipales. La junta reestructuradora hará los anuncios de forma y fondo”.

Los desacuerdos. La Dirección Ejecutiva de Vente Venezuela señaló a través de un comunicado: “Resulta inaceptable hablar de una reorganización de la MUD sin establecer, de manera inequívoca, el objetivo estratégico de la coalición, que no debe ser otro que la salida de la tiranía sin demora”.

Para María Corina Machado, su coordinadora, cualquier coalición se justifica si tiene un fin común. “No tiene sentido discutir estructura, toma de decisiones, antes de decidir lo fundamental: unidos, ¿para qué? Si el propósito es la salida de Maduro este año, sin demora, uniendo todas nuestras fuerzas, en eso estamos comprometidos. Vente Venezuela no comparte la posición de quienes piensan que la prioridad es concentrarse en las elecciones regionales”.

Machado condicionó la permanencia de su partido en la MUD. Explicó que convocaron de emergencia a los representantes de todos los estados para debatir la situación. “Tenemos que apelar a una profunda y amplia unidad nacional, pero sin retórica, que incluya a los partidos y a todos los ciudadanos que estamos comprometidos con el mismo objetivo: el primer paso para superar lo que estamos viviendo es la salida de este gobierno. Ese es el debate que tenemos que dar”.

Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela, está en desacuerdo con el anuncio efectuado por Torrealba. Detalló que fuera de la discusión se quedaron 17 partidos. “Urge dejar de mentirle al país. ¿Cómo van a lograr un nuevo reglamento en los próximos días si ni siquiera han convocado a una plenaria?, que es lo primero que debe hacerse para un debate de reestructuración y relanzamiento”.

Afirmó que lo que se hizo fue cambiar un cogollo por otro. “Sigue siendo más de lo mismo. Estamos atravesando una crisis de representación. No es una crisis ideológica ni de identidad. Esta cúpula opositora es tan mala que, a pesar del descontento, no ha logrado salir de este gobierno. Hay que darle un giro de 180 grados a esta dirigencia. Hay que salirse de esta ruta, hay que conectarse con nuestro pueblo”.


Crisis de representación

Para Daniel Fermín, sociólogo y editor de la revista Polítika UCAB, la MUD no puede manejar la reestructuración como si se tratara de una tienda. “Tenemos una crisis de representación de los partidos políticos. Pareciera que no hay una verdadera interlocución con la sociedad. Hoy por hoy no desempeñan ese rol. Los partidos, incluso, terminan entorpeciendo el reclamo ciudadano”.

Especificó que la MUD tiene el reto de ampliarse. “No es lavarse la cara con las ONG; es incorporar a la ciudadanía en la discusión”. Subrayó que a la oposición le haría bien la discusión franca y abierta, y no los arreglos cerrados. Alertó sobre la simpatía que se genera en torno a un tercer polo político. “Algunos sondeos señalan que 65% de los venezolanos verían con buenos ojos una opción distinta, que nos saque de la polarización. No hay que perder esto de vista”.


Publicado en El Nacional el 8 de febrero de 2017.

El país que queremos todos

¿Perdimos el rumbo? No hay en Venezuela un proyecto verdaderamente nacional, que sea compartido no solo por sus élites, sino por el grueso de los ciudadanos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos para nuestro país en los próximos treinta años? ¿De qué queremos vivir? ¿Cómo queremos organizarnos?

La reconstrucción de la institucionalidad democrática, la resurrección de la economía nacional y la promoción del desarrollo no podrán darse de manera aislada. Con esto en mente, la Asamblea Nacional ha dado inicio a una Consulta Nacional del País que Queremos Todos. Esta iniciativa busca nutrirse de los talentos de venezolanos de diversas procedencias y pareceres para, con criterio de amplitud, generar discusiones para generar consensos que legitimen un proyecto nacional para todos y, más importante aun, de todos.

Durante los próximos meses, se abrirá la consulta a distintos sectores de la vida social. Esta es una buena noticia para todos los que soñamos una Venezuela distinta, mejor y en la que cabemos todos. Desde este espacio, participaremos con gusto para aportar nuestro grano de arena a este esfuerzo noble y necesario para la construcción de un futuro compartido en libertad.

Que una Consulta como esta sea efectiva depende de dos factores clave: una convocatoria amplia y la participación efectiva de todo venezolano con ganas de aportar, con responsabilidad patriótica, al futuro de nuestra Nación.

La superación del rentismo, la promoción de la prosperidad, de una economía que funcione para todos, los retos de la educación, la salud y la infraestructura. Los temas son muchos. Las soluciones, también, pasan por distintos cristales y visiones. Pero lo más importante es que, dentro de la diversidad sana que caracteriza a toda sociedad democrática, construyamos entre todos una visión compartida que nos permita no solo superar la crisis, sino incorporar a Venezuela, finalmente, al siglo XXI. Vamos, pues.


Publicado en PolítiKa UCAB el 3 de febrero de 2017.