Los más corruptos

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Venezuela es el país más corrupto de América y el Caribe, de acuerdo al último Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Además, el país se ubica en la posición 166 entre los 176 países que forman parte del estudio. La corrupción ha sido el signo de una revolución que llegó “para acabar con la corrupción” hace 18 años. Sí, no es un fenómeno nuevo, que encuentra sus raíces en las instituciones coloniales, pero no, nunca habíamos vivido los venezolanos una vorágine tan depredadora de corrupción, saqueo y rapiña, que le ha robado a los venezolanos las oportunidades de desarrollo y bienestar que están en el centro de las aspiraciones ciudadanas.

La corrupción sistémica no sólo desangra el erario público y pervierte a las instituciones y a los individuos de la sociedad, sino que, además, refuerza la desigualdad social y genera un círculo vicioso en el que desigualdad y corrupción se retroalimentan continuamente. Esto, como los amigos de Transparencia han indicado bien, conlleva a la frustración y el desencanto de la colectividad hacia la clase política. Además, la corrupción exacerbada puede ser la semilla de liderazgos populistas y demagógicos que terminan perjudicando aun más la situación.

La corrupción atenta contra los Derechos Humanos y el desarrollo y, además, promueve la exclusión. El déficit institucional existente en Venezuela, caracterizado entre otros factores por la falta de independencia de los poderes, ha causado que la corrupción pase impunemente. Basta recordar los casos más sonados: Plan Bolívar 2000, FIEM, Pdval, PDSA, Cadivi y, ahora, Odebrecht. La Contraloría, muy ocupada cumpliendo los designios del Ejecutivo a través del uso de las inhabilitaciones como herramienta política (en sí misma, un acto de corrupción), no ha actuado para atacar el problema, a pesar de altisonantes y reiteradas declaraciones, según las cuales los corruptos caerán “estén donde estén”.

La guinda ha sido noticia en estos días: una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que despoja a la Contraloría General del control de las actividades de los entes adscritos al Ministerio de la Defensa, incluidas las empresas militares que, como hemos advertido en escritos anteriores, han crecido exponencialmente durante la militarista revolución…

En el país más corrupto de América hace falta más control y no menos. Los militares, ciudadanos de primera, ahora cuentan entre sus privilegios el de tener carta blanca, o al menos una caja negra, en lo que a control se refiere. Sí, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana asume la tarea despojada a la CGR, pero tratándose de una institución que ha adquirido tanto poder, que maneja tanto presupuesto en tantos organismos distintos, eso equivale a pagarse y darse el vuelto. El autocontrol, en una democracia republicana sana, no puede sustituir al control de los organismos diseñados para salvaguardar el patrimonio de todos los venezolanos.

Por supuesto, aquí hay algo más, más profundo y peor: se trata de una postura reiterada de reversión del principio de subordinación del poder militar al civil. Los civiles representan una casta inferior, indigna de supervisar, controlar y menos castigar a la élite alumbrada que hace –y deshace- hoy el destino de 30 millones de venezolanos.

La corrupción es un cáncer en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Se alimenta del modelo rentista, del clientelismo, del personalismo, del control de cambio, de la primacía militarista. Nuestro sitial en el podio de la corrupción es una profunda vergüenza para todos los venezolanos de bien y una muestra más del estruendoso fracaso del proyecto chavista, que ha cobijado el saqueo más grotesco de nuestra historia nacional.

La reconstrucción de la democracia venezolana debe tener en el centro, como lo tuvo en el proyecto democratizador de principios del siglo XX, la lucha contra la corrupción. Sin el saneamiento necesario de la cosa pública, y con ella del mundo privado, será imposible alcanzar el desarrollo, la inclusión y el potencial de este país de gente honesta. No podemos seguir a la merced de un grupo que opera para los privilegios, no podemos seguir al servicio de los más corruptos.


Publicado en PolítiKa UCAB el 27 de enero de 2017.

No se trata de unos «carguitos»

2016 pasará a la historia como el año en el que se oficializó la dictadura de Nicolás Maduro. Varios hitos lo confirman: el desconocimiento de la Asamblea Nacional y, con ella, de la voluntad popular; la usurpación de funciones de un TSJ cooptado que, además, acelera un proceso, ya en marcha, de judicialización de la política; el incremento de la persecución y la represión. Pero quizás el hecho que más retrata la erosión democrática y el avance de la autocratización sea la suspensión del derecho al sufragio.

Dos hechos evidencian la supresión del voto en Venezuela: el aborto a la convocatoria de un referéndum revocatorio presidencial y, sobre todo, la suspensión de las elecciones para elegir a gobernadores de estado y diputados a las asambleas legislativas. Las “regionales”, como se les conoce, han tenido menos protagonismo que la activación del revocatorio como mecanismo de cambio del régimen, y quizás por eso, sabiéndolas desde el poder sin mayores dolientes, resulta oportuno empezar, con ellas, la cancelación definitiva del hecho electoral en el país.

Con el mismo ímpetu con el que criticamos el exacerbado presidencialismo venezolano, somos prestos a descartar la importancia de las elecciones regionales. “Hay cosas más importantes”, decimos. “No es momento para defender parcelas”. Subestimamos, así, una de las conquistas democráticas más importantes de finales del siglo XX, la elección directa de gobernadores, y abrimos camino al régimen para consolidarse aun más.

El pasado 16 de diciembre venció el período de los gobernadores de estado. Lamentablemente, la legislación venezolana otorga absoluta discrecionalidad al Consejo Nacional Electoral para convocar elecciones, no hay una fecha fija para los comicios. Así que el CNE, saltándose la Constitución para servir a los intereses de una casta que se sabe incapaz de ganar elecciones, decidió otorgar una ñapa a los gobernadores que no sabemos cuánto durará. El CNE prometió, a finales de 2016, convocar a elecciones el primer semestre de 2017, pero a esta fecha no se ha discutido cronograma alguno en el directorio del Poder Electoral.

Descartar la importancia de las regionales es castigar al pueblo que sufre el mal gobierno del PSUV. El abuso, la corrupción, la ineficiencia: ese modelo nacional se reproduce en cada estado donde gobierna la coalición oficialista. El continuismo de esa gestión lo paga, como siempre, el pueblo. Pero subestimar la importancia de las regionales es, también, no comprender la sociología política del chavismo.

El modelo oficialista está basado en el clientelismo rentista. Engordaron el tamaño del Estado, con una nómina que sobrepasa las tres millones de personas. Un número significativo de esos millones no trabaja en el gobierno, sino que cobra por el gobierno. La diferencia es significativa: es la que existe entre el funcionario de carrera y el parásito del erario. Y esta dinámica perversa, que vemos en PDVSA y en tantos organismos “nacionales”, se reproduce, aguas abajo, en las gobernaciones y alcaldías.

De modo que sacar al chavismo del poder en las gobernaciones no sólo es la oportunidad para que la buena gestión remplace a la ineficiencia, sino que es desmontar la base clientelar de apoyo del oficialismo en las regiones. Si creemos en la probidad de los candidatos alternativos, eso significará que el dinero que hoy va a pagar activistas políticos, colectivos y agitadores irá, en cambio, a escuelas, hospitales, infraestructura y programas sociales. Pero, más aun, perder las gobernaciones, y con ellas la plataforma clientelar, socava desde abajo las bases del poder chavista.

De modo que no, no se trata de unos “carguitos” que la oposición busca negociar a cambio de la estabilidad del régimen. No opera una lógica del “o”, sino que se impone la lógica del “y”. El planteamiento regionales “o” salida del gobierno nacional es engañoso, y es utilizado astutamente por el poder para dividir las aspiraciones ciudadanas. Todo lo contrario, la lucha por las gobernaciones está en el marco de recuperación de las instituciones democráticas y de una manera distinta y mejor de hacer política y gestión. Lejos de ser incompatibles, regionales y salida del gobierno, las regionales representan una oportunidad más, un paso más, para el desalojo del chavismo del poder que hoy tiene secuestrado en función del control y los privilegios.

Asumamos, pues, la senda por las regionales como una reivindicación de la democracia, de la descentralización y del cambio. Eso sí, exijamos también democracia a los que se dicen demócratas, y pongamos la decisión en manos del pueblo: primarias para una unidad fuerte, legítima; gobernadores democráticos como punta de lanza del gran proyecto democratizador.


Publicado en RunRunes el 24 de enero de 2017.

TSJ: Se hacen interpretaciones constitucionales a la medida

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El ejercicio del poder en Venezuela se ha convertido en el imperio del capricho. La frase tiene vigencia hoy, como la tuvo cuando el doctor Ramón J. Velásquez la utilizó para ilustrar aquel país de instituciones pobres a principios del Siglo XX. La Constitución, que recibe un sinfín de rótulos cliché, apenas sirve para ser exhibida, en su edición de bolsillo, en cadenas que mezclan neolengua y cinismo.

Esto no es nuevo. Ya desde el gobierno de Hugo Chávez la Constitución daba para todo, pero servía para poco. La Carta Magna era “para los demás”, no para aquellos en el poder. Así, el librito azul establece un Estado federal descentralizado que no es tal; un 328 pisoteado de botas al grito de “¡Patria, socialismo o muerte!” y demás consignas partidistas y del culto a la personalidad. La lista es larga.

Pero no fue hasta el colapso del modelo chavista y la erosión de su popularidad que se extremaron las medidas. Sin el carisma del líder y sin el apoyo de las masas, y luego con el Parlamento en contra, el régimen necesitó de otros recursos para saltarse olímpicamente los mandatos constitucionales sin dejar de guardar las formas. Entra el Tribunal Supremo de Justicia.

Ese cuento, por supuesto, también comienza antes: con la designación inconstitucional de los magistrados por parte de la Asamblea saliente. Para el folklore de la política nacional quedará el caso de un diputado que votó por sí mismo para ser magistrado.

El hecho es que el chavismo, inhabilitado por el dogma para reconocer políticamente al otro, y menos para ser minoría y sujetarse a las reglas básicas de la democracia republicana, echó mano de los poderes cooptados y subordinados para desoír el mandato popular, y allí el TSJ ha tenido el papel estelar.

Como si se tratase de un local de remiendos al lado de una quincalla, el TSJ se ha prestado para todo tipo de interpretaciones a la Constitución al servicio del Ejecutivo. Desde declarar la constitucionalidad del Decreto de Emergencia Económica, negado por la Asamblea Nacional, hasta la inhabilitación misma del Legislativo, el Tribunal bien podría colgar un cartel que rece “Se hacen interpretaciones constitucionales a la medida”. El TSJ contraviene flagrantemente la Constitución cuando permite al presidente presentar la Memoria y Cuenta en su seno y, ahora, cuando interpreta que los ciudadanos con doble nacionalidad pueden aspirar a la Presidencia de la República.

Sin la fuerza de la gente, el régimen se cobija en las instituciones serviles. Las principales son el TSJ, la Fuerza Armada y un CNE que, como corresponde en un país en el que no hay elecciones, ha estado tiempo en silencio.

Es urgente retomar la senda de la Constitución y reconstruir la institucionalidad democrática. Este imperio del capricho solo ha dejado miseria y destrucción a su paso. Aquí, aunque trillada, cabe recordar la frase de Luther King, cuando expresaba que no debíamos olvidar que todo lo que hizo Hitler era legal.

Protestamos las actuaciones del TSJ por estar fuera de la Constitución, como hemos protestado las violaciones de una FAN que se dice chavista a pesar del 328 y las de un CNE que no es capaz de garantizar la integridad de los procesos electorales. La reconstrucción del país, cuando toque, no podrá limitarse a la infraestructura, la soberanía alimentaria y la recuperación del aparato productivo. En la reconstrucción de la institucionalidad democrática estará la garantía de que esto, a lo que hemos llegado, nunca más sea posible.


Publicado en PolítiKa UCAB el 20 de enero de 2017.

El silencio de los inocentes

“¿Quién confía en el presidente Maduro? ¿Quién se siente identificado con el PSUV?” La pregunta es provocadora, sirve para abrir el tema de crisis de representación en una mirada sociológica al Estado, la política y las instituciones. La reciben entre risas. Nunca fue el oficialismo fuerte en las universidades. Si hay alguno, se guarda el secreto. No hablo de política en clases, respeto demasiado el salón y a los estudiantes como para ser de esos, a pesar de que siempre está a flor de piel, de que la materia se presta y siempre alguno intenta llevar la discusión por esos predios. Esta es la única oportunidad, abriendo este tema, en el que, para ilustrar el punto teórico, cedo y los complazco. Seguidamente, otra pregunta: “¿Quién confía en la oposición? ¿Quién se siente representado por la MUD, por sus diputados y dirigentes?”. Nadie levanta la mano. Esta vez no hay risas, sino silencio absoluto. No es el silencio de la indiferencia, sino el de la insatisfacción.

Es un salón de 70 personas, en una universidad de Caracas. “El futuro del país”, dice el cliché. Nada estadísticamente representativo, pero sí un buen grupo para ilustrar el espíritu de una preocupación. Hurgando, encontramos algunas pistas: no se preocupan por la gente sino por sus propios problemas, son ingenuos, no hablan claro, prometen y no cumplen, no saben enfrentar a la dictadura, no los conozco, no nos hablan de nuestros temas. Es una larga letanía, he desatado un demonio. La crítica crece, se retroalimenta. Cabezas asienten, onomatopéyicos “ajá” concuerdan en cada crítica. Nadie hace la salvedad, ninguno dice “pero no la tienen fácil…”.

La Mesa de la Unidad está en problemas si la gente común y corriente la siente ajena. Más si se trata de los estudiantes, siempre atentos, más que otros sectores, a la suerte del país. Sería fácil encontrar la explicación en la juventud de los estudiantes, en su supuesta indiferencia y apatía. “No les importa nada”. Así, la solución pasaría por dejar de escuchar reggaetón y dedicarse, en su lugar, a leer más la prensa. Dejar tanta holgazanería y comenzar a activar. Pero sería equivocado. Arrogante y equivocado. La juventud, principal víctima de la tragedia revolucionaria, se siente frustrada, cuando no engañada. No se siente interpretada por las élites políticas. Se siente abandonada a su suerte, y muchos esperan un golpe de gracia, algún hecho de fortuna que les permita fotografiarse los zapatos en el Cruz Diez de Maiquetía y buscar futuro en otras latitudes.

No tienen la culpa. Solo conocen esto: Chávez, Maduro, “la oposición” como categoría de identidad política. La peleadera, el deterioro de las condiciones de vida año tras año. Las promesas del inmediatismo y el desengaño que deja la resaca de las propuestas irresponsables del liderazgo. Son los hijos de la revolución, aun cuando jamás la hayan apoyado. Ellos, sí, los hijos de Chávez, y no creen en nadie.

Son los políticos los que deben ir al encuentro de la gente. Se han ensimismado y solo encuentran audiencia entre ellos: políticos hablándole a políticos. La gente desde la barrera, viendo el espectáculo mientras se las arregla para sobrevivir. Los peligros son evidentes: el germen antipolítico, la desvinculación con lo nacional, el engaño del claustro individualista como tabla de salvación, el engorde de la diáspora.

En el país donde hay crisis de todo, también existe una evidente crisis de representación. El liderazgo debe abocarse a la discusión abierta y transparente con la gente para construir, desde abajo, soluciones a los principales problemas del país. ¿Quién le habla a los jóvenes de cómo superar el sitio del hampa, de qué propuestas existen con respecto a una política habitacional que haga fácil acceder a un alquiler o a un crédito para una vivienda que les permita crecer e independizarse? Más allá del diagnóstico, ¿Dónde están las soluciones? Y así, con todos los sectores.

Los partidos no se fortalecerán cuando pase la “ola” del antipartidismo, lo harán cuando recuperen su condición de luchadores por el bienestar social y las reivindicaciones, cuando salgan al encuentro del venezolano de a pie, no con promesas vacías ni con planteamientos inalcanzables en los cuales ni ellos mismos creen, no para vender su marca y posicionarse como franquicias electorales, sino con el compromiso de organizar el reclamo ciudadano y cristalizarlo en un cambio, no de caras ni colores, sino que permita a la gente vivir mejor. Solo entonces se apropiarán los venezolanos de sus partidos y de sus políticos y los sentirán suyos. Solo entonces podrá romperse el ensordecedor silencio de los inocentes.


Publicado en RunRunes el 19 de enero de 2017.

El estado de la Nación

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2016 se ha ido, dejando un sabor amargo a los venezolanos. Fue un año tremendamente difícil. 2017 inicia sin mayores promesas de mejora. El país está hoy sumido en la miseria, con una comunidad política inoperante y un régimen para el cual gobernar se encuentra de último en las prioridades, en medio de un desesperado intento por conservar el poder y, con éste, los privilegios y el control de la sociedad.

La economía sigue asfixiando a la ciudadanía, con la guinda de que, desde diciembre, no hay dinero en efectivo, con el presidente prometiendo, rompiendo promesas y volviendo a prometer la aparición de un dinero que “no ha llegado”. Y es que hasta la plata la importamos y de nada vale la Casa de la Moneda. La soberanía solo queda para la tinta y el discurso.

En paralelo, avanza una evidente y acelerada autocratización del régimen de Nicolás Maduro. Abolieron las elecciones, suspendiendo los derechos políticos de los venezolanos. Han desconocido a la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, y puesto al cooptado Tribunal Supremo de Justicia a usurpar funciones legislativas. Así, el presidente presentó el presupuesto nacional ante el TSJ y las informaciones indican que hará lo mismo con la Memoria y Cuenta, violando abiertamente la Constitución. Un Estado de Excepción le permite mandar por decreto, a la vez que arrecia la represión y la persecución. Se trata de una dictadura, cuyo sostén es, lamentablemente, una Fuerza Armada Nacional que se dice Bolivariana y que viola sistemáticamente el Artículo 328 de la Constitución Nacional.

En definitiva, Venezuela se encamina hacia un Estado Fallido, mientras los venezolanos buscan desesperadamente una salida, cualquier salida. Muchos la han encontrado en Maiquetía, otros adaptándose al mercado negro y a las técnicas de supervivencia. Otros no han podido seguir buscándola, interrumpida su faena por el barril humeante de una pistola, una de las tantas que mantiene a la ciudadanía en estado de sitio ante la mirada inerte de un Estado cuyos representantes, llenos de escoltas y vehículos blindados, se han insensibilizado a niveles grotescos…

Es un panorama sombrío el que atraviesa Venezuela. Negarlo no hace ningún bien a nadie. ¿Y la oposición? Sus errores, producto de sus contradicciones internas, de la mentalidad de la rosca pequeña y de la falta de objetivos claros, concretos y consensuados desde abajo, le cuestan caro, no sólo a los políticos, sino sobre todo al país. Hoy en “reestructuración”, la MUD tiene el reto de ampliarse, de escuchar a la gente y de hablar claro, en lugar de pretender que todo está bien y que las críticas son mezquinas. El precio final de los errores puede llevar la crisis de representación, evidente, por ejemplo, en la fría recepción popular a la declaratoria de abandono del cargo del presidente, a otros niveles, y la oposición oficial puede terminar viendo los toros desde la barrera.

Miseria, violencia, dictadura. Así arranca 2017. ¿Alentador? Para nada. ¿Queda algo por hacer? Siempre. Por Venezuela valen la pena todos los sacrificios y todas las diligencias. Es la hora de la gente. Sólo un pueblo organizado, con el norte claro de recuperar la democracia, la libertad y el bienestar puede derrotar las pretensiones de una dictadura impopular y catastrófica, cuyo desastre al frente de la cosa pública repercute de manera terrible cada día en la calidad de vida de los venezolanos.

El estado de la Nación es parco. Abrirse camino a la luz no será fácil, pero es posible si el más de 80% de venezolanos que hoy tiene razones para oponerse al régimen es convocado activamente a participar, como protagonista y no como actor de reparto, en un proyecto de futuro compartido en el que quepa también el otro 20%, en el que se discutan los problemas de la gente y las soluciones a esos problemas, no los problemas entre los políticos, y en el que se hable de los grandes temas del siglo XXI, sacándonos de esta cabalgata absurda que nos ha llevado, “a paso de vencedores”, rumbo al siglo XIX.

Desde este espacio apostamos a Venezuela y a los venezolanos. Que en 2017 encontremos el camino a la democracia, la armonía y el bienestar de todos, en paz. Solo en libertad y en democracia es posible el desarrollo y la salida de la crisis. Así, enfrentar la dictadura se vuelve un imperativo moral que apela no solamente a la ética democrática, sino también al reflote de un pueblo sumido en las condiciones más deplorables por culpa de una casta aferrada por motivos inconfesables a las mieles del poder. No será fácil, pero Venezuela bien vale la pena. Nosotros seguiremos aquí, aportando, como corresponde a la Academia comprometida, con nuestras propuestas, y también con nuestras críticas, a la construcción de la Venezuela democrática y próspera que, sabemos, podemos alcanzar más temprano que tarde.


Publicado en PolítiKa UCAB el 13 de enero de 2017.